Implicación penal de una crisis

Por: Redacción 16/02/2014

Por la información que nos suministra la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y los medios de comunicación nacionales e internacionales, la crisis que enfrenta el proyecto de ampliación del tercer juego de esclusas resultaba un hecho previsible.

Como era de esperarse, la ACP, desde antes que Grupo Unidos por el Canal (GUPC) abortara las contradicciones, venía administrando las mismas con prudencia y mucho cálculo, todo dentro del contrato suscrito entre las partes. Los grupos empresariales, cabeza o mascarón de proa, sabían que por el camino o procedimiento que establece el contrato sus reclamaciones económicas estaban condenadas al fracaso y decidieron voltear a patada y jugar al chantaje condicionando la continuidad de la ampliación, comprometiendo la imagen del país y perjudicando inversiones paralelas, que conexas al Canal y la ampliación se vienen realizando en el mundo marítimo mundial.

En diálogo con ilustre jurista hemos llegado a la conclusión de que Grupo Unidos por el Canal, con su acción, ha incurrido en actos y hechos que trasuntan hacia la esfera penal.

Por las palabras del ingeniero Jorge Luis Quijano, administrador de la ACP, llego a la conclusión de que los violadores del contrato procuran a base de presión un lucro indebido. Además de lo anterior, se debería investigar si la iliquidez que alega el contratista violador ha sido fraguada fraudulenta. Cabrá entonces al Ministerio Público, previa denuncia, entrar a investigar la posible comisión de delitos por parte de estos señores empresarios.

Además de lo anterior, he venido señalando que estos contratos, en particular este de la ampliación, se rigen por la legislación nacional. De acuerdo con nuestro derecho nacional, artículo 1009 del Código Civil, el incumplimiento de las obligaciones por una de las partes pone en poder de la otra la acción resolutoria con derecho a exigir la reparación de los perjuicios causados. Para mí, el daño causado a la ACP, al país, rebasa con creces lo que este grupo alega que debemos por supuestos sobrecostos. Estos empresarios se equivocaron con Panamá. La época de la Republic Banana pasó a la historia.