Pese a que el anunciado desalojo de familias del área donde se realizará el embalse de la hidroeléctrica Barro Blanco no se efectuó ayer como se había previsto, grupos indígenas se mantienen en la zona vigilantes de cualquier movimiento que se produzca por parte de la empresa Generadora del Istmo (Genisa) y de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep).
Ricardo Miranda, dirigente del Movimiento 10 de Abril, indicó a Panamá América que ayer se mantuvo una tensa calma y, aunque las fuerzas antimotines se apostaron en Tolé desde tempranas horas de la mañana por cualquier eventualidad, no se produjo ningún tipo de enfrentamientos con los indígenas.
Afirmó que los originarios que están concentrados en las riberas del río Tabasará desde hace días no se moverán hasta que se les asegure que no desalojarán a nadie y que los trabajos de la obra serán detenidos.
En pie de guerra
Toribio García, dirigente y presidente del congreso regional de la comarca Ngäbe-Buglé, por su parte, dijo ayer que el grupo no va a permitir que las familias indígenas y campesinos establecidos por décadas en unas 10 comunidades en las riberas del Río Tabasará sean desalojados e inundados.
El dirigente sostuvo que entre 46 y 50 viviendas de sus coterráneos podrían quedar inundadas de continuar los trabajos en Barro Blanco, aunque la semana pasada la empresa Genisa aclaró en conferencia de prensa que el área donde se efectuará el embalse solo afectará a cinco propietarios de una extensión de 5.81 hectáreas que están en el área de incidencia y no a una gran cantidad de indígenas como se ha señalado.
Pese a ello, García aseguró que desde la semana pasada se han concentrado indígenas y campesinos en la comunidad de Quia, para rechazar el desalojo a personas “que no venden ni regalan sus tierras”.
Indicó que los grupos indígenas siguen en estado de alerta y envió un mensaje a los gobernantes subrayando que los muertos de la comarca en los enfrentamientos con la Policía hace tres años no serán olvidados de la noche a la mañana.
Genisa negó afectaciones masivas en la comarca
La semana pasada Genisa informó que las cinco familias propietarias de las hectáreas en el área del embalse han sido debidamente identificadas por la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), entidad que solicitó a la empresa una consignación temporal por más de 12,000 dólares como abono al avalúo que hará el perito a las hectáreas.
Igualmente, se informó que será al momento de emitir la resolución que declara el proyecto como de carácter urgente y de interés público que se establecerá el costo definitivo de la indemnización.
Wilfredo Arias, jefe socioambiental y de seguridad de Genisa, añadió que dentro del proceso de la Asep ya se les notificó a los propietarios de las tierras sobre el proceso que se mantiene.