Necesidad de energía requiere de medidas para asegurar producción
- La creciente necesidad de energía de los sectores productivos y de la sociedad en general requiere de la adopción de medidas oportunas que garanticen el uso racional y sostenible de nuestros recursos naturales en la producción de energía eléctrica, en aras de consolidar el desarrollo económico y social del país, añadió ayer el comunicado de la Asep.
- La entidad aseguró que el constante trabajo, dirigido a garantizar la calidad de los servicios, buscando el interés general de todos los panameños y gestionando el apoyo, incentivo y estímulo, representa nuestra principal responsabilidad.
- Mantenemos el compromiso constante de garantizar a los ciudadanos la prestación eficiente de los servicios públicos y el cumplimiento de sus niveles de calidad como: aspectos técnicos, comerciales, legales y ambientales, concluyó el comunicado.
- La Asep fue creada mediante Ley 26 de 29 de enero de 1996, modificada por el Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006.
La Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) ante pronunciamientos de dirigentes de la comarca Ngäbe-Buglé sobre la construcción del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, aclaró ayer que no existe ninguna orden de desalojo en el país.
En ningún momento (la Asep) ha ordenado la práctica de desalojo alguno sobre un determinado lugar de la geografía nacional, indicó un comunicado de la entidad.
Desde principios de este mes los indígenas se han estado concentrando en las riberas del río Tabasará y amenazan con no permitir la entrada de personal ni maquinarias al proyecto Barro Blanco ni que se realice ningún desalojo de familias en el área.
Andrómico Pinilla, dirigente indígena de la comunidad de Bella Vista, dijo que se van a estar realizando manifestaciones en las afueras del proyecto contra cualquier desalojo de familia de la región y que si es necesario cerrarían un paño de la vía Interamericana.
La Asep subrayó que la construcción de este proyecto hidroeléctrico fue declarada de carácter urgente y de interés público mediante la Resolución AN N.°6103-Elec de 22 de abril de 2013.
La referida resolución no ordena el desalojo de las zonas ribereñas del Tabasará, sino más bien autoriza, entre otras cosas, realizar investigaciones que determinen las afectaciones directas e indirectas a estas poblaciones aledañas al río, tal como quedó establecido en el documento contentivo del Resumen Ejecutivo consolidado del Informe de peritaje independiente de la presa de Barro Blanco, en el cual se abordaron los puntos de controversia que todavía existen, para analizar si es o no pertinente establecer las medidas de indemnización, compensación y/o mitigación a los afectados directos o indirectos, explicó el comunicado.
Al respecto, el dirigente indígena, Ricardo Miranda, declaró que ante el comunicado de la Asep, la situación que se atraviesa en el sector que va a ser impactado por el proyecto no es cónsona con la realidad que se vive.
Ellos mismos se contradicen al emitir tres órdenes de desalojo a las familias, cuando han notificado a las personas para despojarlos de las tierras colectivas, manifestó Miranda.
De igual forma, catalogó el pronunciamiento de la entidad como una excusa para tratar de debilitar la posición de las bases, que cada día reciben el apoyo de indígenas que bajan de las montañas para exigir la suspensión de la obra.
Miranda sostuvo que los originarios están en pie de guerra porque Jerónimo Rodríguez Tugrí, Abraham Montezuma y Mauricio Méndez dieron su vida por decir no al tema hidroeléctrico dentro de la comarca.
Temen por petroglifos
En tanto, el presidente del Consejo Regional, Toribio García, consideró que los embalses del proyecto Barro Blanco harán que se pierdan los petroglifos (piedras grabadas) de la comunidad de Quebrada Caña.
García, dirigente de los ngäbes, dijo en la ciudad de Santiago de Veraguas, que los habitantes en las comunidades Quia, Palomar, Quebrada Caña, Calabacito, Cobre, Tambor y otras, viven en un ambiente tenso, al estar en alerta por el temor de un desalojo y ante la presencia de unidades policiales antidisturbios.