Editorial
A medida que se agudiza la crisis venezolana, se aprecia mucho más el vacío institucional de los organismos hemisféricos de relaciones interestatales. Aparte de los pronunciamientos aislados de algunos estados, exhortando al diálogo del gobierno y la sociedad civil para evitar la violencia armada, ningún organismo ha adoptado hasta la fecha, medidas concretas de carácter multilateral para poder restablecer la convivencia pacífica en Venezuela.
La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha limitado a la emisión de las opiniones personales del secretario general, José Miguel Insulza. Estados Unidos de Norteamérica y Canadá han solicitado una reunión de la Comisión Permanente para deliberar en torno a la grave crisis venezolana y fijar estrategias de mediación.
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), institución creada ex profeso para que Estados Unidos no intervenga en los asuntos latinoamericanos, por una iniciativa del chavismo internacional, mantiene un significativo silencio, para dejarle libre las manos al Gobierno de Venezuela.
Los pronunciamientos políticos de los gobernantes identificados con ese régimen, no deja dudas sobre el apoyo solidario al gobierno de Nicolás Maduro y obviamente su rechazo a la intervención de la OEA para apagar el caldero bolivariano.
La Carta Democrática de la OEA establece claramente los deberes y derechos de los Estados miembros, que marcan nítidamente la diferencia entre sistema democrático y sistema dictatorial. Los derechos humanos, la libertad de prensa, el respeto al pluralismo ideológico, las garantías del debido proceso, constituyen los rasgos fundamentales de la democracia representativa. Estos elementos se eclipsan cuando se monopolizan los medios de comunicación, cuando se denigra a los opositores con epítetos injuriosos, cuando se priva de la libertad sin orden de un juez y se procesan civiles en fueros militares, tal como ocurre actualmente en Venezuela.
Por otro lado, el rechazo a la divulgación de las imágenes de la violencia ocurrida días atrás, a través de las redes internacionales de comunicación, representa medidas absolutistas y violatorias a la libertad de información.
Todo apunta a que se establezca que la Carta Democrática no se está respetando en Venezuela, ante lo cual la OEA debe realizar los máximos esfuerzos para recuperar su vigencia y actuar en forma rápida para contener la pérdida de más vidas humanas como ha sucedido.
Si no lo hace, tendría que intervenir la Organización de Naciones Unidas (ONU), en defensa de la democracia en ese país. El mundo observa lo que acontece hoy en Venezuela, como también está al tanto de los sucesos de Ucrania, y no se cruza de brazos para impedir la represión desatada contra los opositores al régimen gubernamental.
Por tanto, debemos preservar los derechos humanos en cualquier parte del mundo donde se conculquen, así lo establece la Declaración Universal de los mismos como una obligación de todos los países civilizados.