El ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, aseguró ayer que revisarán los contratos dentro de la concesión del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco para aclarar los puntos de la extensión y la conclusión de los estudios que realizaron los expertos de la ONU sobre el impacto de la obra.
Fábrega, quien acudió al llamado de la cacica Silvia Carrera en la mañana, en el sector de San Félix, manifestó que en ningún momento se ha pensado en reprimir a la población indígena el día Martes de Carnaval para despojarla de las tierras comarcales.
Sostuvo que el Gobierno ha cumplido con todos los acuerdos establecidos por la ONU el 15 de marzo del año pasado, tomando en cuenta las evaluaciones en 5 hectáreas de terrenos a inundar a lo largo del cauce del río Tabasará.
Fábrega exhortó tanto a los colaboradores de la empresa como a los grupos indígenas a que sean más cuidadosos con los comentarios que se han estado emitiendo, ya que hasta el momento, la Asep no ha emitido ninguna orden de desalojo.
Por su parte, Silvia Carrera, cacica general de la comarca Ngäbe-Buglé, dijo que la reunión sobre el tema es necesario que se realice directamente en las zonas que serán afectadas por la construcción de la represa, puesto que hasta el momento, ninguna autoridad del Gobierno se ha apersonado a ver lo que realmente se vive.