- 311 es la línea habilitada por la ATTT para que los usuarios denuncien el aumento ilegítimo del pasaje del transporte público.
- 30 quejas ciudadanas ha recibido esta institución por aumento en el precio del pasaje. La ATTT cancela el cupo a infractores.
Los datos
- Escandalosos
- El artículo 59 de la Ley 34 de 1999 dice: “Se prohíbe el uso de aparatos reproductores de sonido y de video, así como el uso de sirenas y troneras, en los vehículos de transporte colectivo y colegial en las áreas urbanas, metropolitana”.
- Peligro
- Muchos de los busitos o taxis piratas transgreden doblemente la ley. Adicional a la ausencia de un certificado de operación, abastecen de combustible el vehículo con pasajeros a bordo, esto lo prohíbe el artículo 59-A de la misma ley.
- Aumento
- El quinto punto del artículo 28 de la Ley 44 de 1999 establece que el aumento unilateral y comprobado de las tarifas por parte del concesionario es causal de terminación de contrato.
El pasado 15 de enero los busitos piratas debieron salir de circulación. Sin embargo, un tuit del presidente de la República, Ricardo Martinelli, unas horas antes de cumplirse el plazo, cambió el panorama.
Martinelli escribió: “Qué injusto es tener que sacar un busito pirata cuando el metrobús no brinda el servicio adecuado. En realidad habrá que revisar bien esto”.
Al día siguiente, Marcos González, presidente de la Comisión de Transporte de la Asamblea, informó que se había tomado la decisión de dar plazo indefinido solo a los buses piratas de San Miguelito. Eso se logró mediante la Resolución N.° 003, del 14 de enero de 2014, aprobada por la ATTT, pero esta iniciativa creó disgusto en Oeste, donde la piratería es el medio de transporte de la mayoría de panameños que laboran en el centro de la ciudad.
“Permitir la piratería va a destapar una caja de Pandora, porque esta no solo se da en Panamá, es en todo el país”, afirmó Eliécer Montenegro, dirigente del Sindicato de Conductores de Automotores de La Chorrera (Sicamoch).
Los busitos de comunidades de La Chorrera y Arraiján no tienen el aval de las autoridades, pero la población paga de dos a tres dólares para ahorrar el tiempo que pierden, según alegan, al ir hasta la terminal de Albrook.
Para David Ramírez, darles más plazo a los piratas es favorable. “El usuario se ve obligado a abordarlo, porque el servicio legal no es adecuado”.
En tanto que Esperanza Mena, de la Asociación de Usuarios del Transporte Público, pide que se les debe dar más permisos a más vehículos como estos para que ofrezcan el servicio, siempre y cuando tengan sus papeles en regla.
“Las autoridades panameñas deben incrementar el número de unidades piratas en las calles, pero solo a quienes cumplan con las normas de seguridad de la ATTT y de la Comisión de Transporte de la Asamblea”, concluyó.