Injuria a la mujer

 

En representación de las mujeres que prestan servicios en el Palacio de las Garzas, la viceministra de la Presidencia, Sigrid Barragán, ha rechazado las injurias públicas proferidas por José Luis Varela, hermano del candidato presidencial del panameñismo. Calificar como un burdel la residencia presidencial constituye una ofensa imperdonable en el lenguaje de cualquier persona. Pero si la procacidad es vertida por un político a través de los medios de comunicación no solamente viola el Pacto Ético Electoral, sino que agravia en general la dignidad de las mujeres panameñas. Demuestra el diputado Varela su ausencia de capacidad para debatir con un lenguaje ecuánime, de conformidad con las normas elementales de la decencia y el respeto.

Si Varela fuera un panameño común y corriente estaría incurso en las sanciones estipuladas por el artículo 173 del Código Penal, que establece que "el que ofenda la dignidad, honra o decoro de una persona mediante escrito o por cualquier otra forma, será sancionado con sesenta (60) a ciento veinte días multa". Cuando el delito se comete a través de los medios de comunicación, la pena se castigará con 18 meses de prisión por tratarse de una injuria. Pero Varela se escuda en la inmunidad parlamentaria para ofender impunemente al presidente de la República y lanzar expresiones denigrantes contra la majestad del Palacio de las Garzas. 

La inmunidad parlamentaria es una facultad otorgada a los representantes para protegerlos de demandas si utilizan correctamente su libertad de expresión. Pero a pesar de que usa un vocabulario de arrabal en la polémica política, un lenguaje incompatible con la investidura legislativa, Varela pretende ser reelegido. Los electores de su circuito juzgarán la procedencia o improcedencia de apoyarlo o lanzarlo al rincón que merece por el abuso de la inmunidad.

El Pacto Ético Electoral resulta vilipendiado una vez más por elementos que se jactaron de firmarlo y cumplirlo. Antes de que se secara la tinta de las firmas, el pacto fue derogado por algunos de sus suscriptores, debido a notorios casos de violencia partidaria interna, escándalos de corrupción, inclusive de interferencias de extraños en la toma de decisiones que corresponden únicamente a los mecanismos de elección democrática. 

Consideramos que estamos en presencia de un ataque que engloba instituciones y personas. Al comparar la residencia del jefe del Estado con un burdel, el autor de la injuria se descalifica tanto política como moralmente.

Los retrasos de la carretera Divisa-Las Tablas no pueden explicarse con insultos de carácter personal. Su deber es brindarles respuestas adecuadas a quienes confiaron en que iba a coadyuvar en la ejecución del anhelado proyecto vial. Tiene una deuda pendiente con los moradores de la zona. Un compromiso incumplido que no se justifica con los insultos obscenos que derramó para enmascarar su carencia de argumentos racionales. 

Queriendo ofender al jefe del Estado se ha hundido con las ofensas in extenso a las mujeres panameñas. La opinión pública observará las reacciones de los organismos de defensa de los derechos de la mujer y los derechos humanos en general para comprobar sus posiciones ante la dimensión de las ofensas lesivas a la dignidad de los hombres y mujeres que laboran en la residencia oficial de los presidentes de la República.