El sancionado alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, entró ayer en una semana decisiva para saber si permanecerá o no al frente del gobierno de la mayor ciudad de Colombia, indicó uno de sus abogados.
Petro, un exsenador de 53 años con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), lucha por revocar un fallo emitido en diciembre y ratificado en enero por la Procuraduría General que lo destituyó y le prohibió hacer política por 15 años, debido al cambio en el sistema de recolección de basura y que el alcalde decretó en diciembre de 2012.
Según la Procuraduría, la decisión violó normas de la libre competencia y la libre empresa y expuso a la mayor ciudad de Colombia, con ocho millones de habitantes, a un reguero de basura por tres días.
Pero tras semanas de incertidumbre por apelaciones y recursos por la defensa del alcalde y la Procuraduría, esta semana se espera que el Consejo de Estado, una de las cuatro altas cortes colombianas, y el Consejo Superior de la Judicatura, la máxima instancia disciplinaria de la rama judicial en ese país, fallen sobre el caso del alcalde, indicó en diálogo telefónico Rafael Barrios, uno de los abogados de Petro, el segundo funcionario de elección popular más importante del país después del presidente.
“La primera decisión que esté en firme, ya sea la del Consejo de Estado o la del Consejo Superior de la Judicatura, sobre esa decisión, inmediatamente la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) debe actuar”, dijo el abogado.