Un total de 38 empresas fueron inhabilitadas para participar en los actos públicos que convoca el Estado, debido a las afectaciones causadas a 49 instituciones del Estado.
La mayoría de las suspensiones obedece a que las compañías incumplieron el tiempo de entrega, la falta de financiamiento y en el tipo y calidad de material que se acordó en el Pliego de Cargos.
Entre las entidades afectadas por el incumplimiento de las empresas están: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Caja de Seguro Social, el Tribunal Electoral, la Gobernación de Darién y el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras.
Algunas empresas, como el caso de Geservpa, Corp., dejó al menos ocho proyectos inconclusos en la provincia de Darién, sobre todo, de infraestructura, del Programa de Desarrollo Comunitario (PRODEC).
Esta compañía recibió una sanción de hasta 20 años de inhabilitación para participar en algún acto público.
Otro caso es el de Barahona y Castro, S.A, que en tres contratos diferentes afectó trabajos licitados por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Por ejemplo, en uno debía construir el Palacio Municipal de Mariato pero, según la resolución de inhabilitación del MEF, la suspensión se ejecutó porque la empresa se quedó sin solvencia financiera y solo había ejecutado el 72% de la obra.
Reglamentación.
De acuerdo con la Ley 22 de 2006, que rige los procesos de contratación pública, para "los efectos de la inhabilitación, se entenderá que los contratistas inhabilitados no podrán participar en ningún acto de selección de contratista ni celebrar contratos con el Estado mientras dure la inhabilitación, la cual será de tres meses a tres años, dependiendo de la reincidencia, de la cuantía del contrato y de la gravedad o el daño ocasionado al Estado por su incumplimiento".
Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte de la actuación de las empresas, las personas naturales o jurídicas que incurran en falsedad o en fraude en el acto de selección de contratista, comprobado en el proceso de resolución administrativa del contrato u orden de compra, serán inhabilitadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas por un periodo mínimo de dos años.
Cuando concurran en forma simultánea dos o más sanciones de inhabilitación hacia un mismo contratista se le aplicarán las sanciones en forma acumulativa, entrando a regir la posterior al día siguiente de la finalización de la sanción anterior.