El Consejo de Estado, una de las cuatro altas cortes colombianas, declaró improcedente la demanda presentada por el alcalde Gustavo Petro para suspender su destitución, bajo señalamientos de violar las normas de contratación de servicios públicos.
La votación de ayer fue de 14 votos a favor y 11 en contra de declarar como improcedente el recurso del alcalde.
El Consejo también ratificó que la Procuraduría General sí está facultada para sancionar disciplinariamente a funcionarios de elección popular con medidas como la destitución.
La decisión de la Procuraduría fue “legítima y justificada”, dijo en conferencia de prensa María Claudia Rojas, presidenta del Consejo de Estado, al referirse que aún el alcalde sigue en su cargo. Al ser consultada, dijo que Petro se mantiene en el cargo.
“Sigue suspendido el fallo de la Procuraduría” debido a que quedan por resolver más de 20 demandas presentadas este año por simpatizantes de Petro, añadió la magistrada. Esas demandas podrían o no ser acumuladas y se estudiarán en los próximos días, dijo.
El alcalde, el segundo funcionario de elección popular más importante del país después del presidente de la República, podrá además evitar su salida si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concede medidas cautelares para suspender su destitución, siempre y cuando esas medidas se den antes de que la Presidencia emita el decreto que ejecuta la designación de un burgomaestre interino, según explicó en diálogo telefónico Rafael Barrios, uno de los abogados de Petro.