Medida
- El caso de Oceanografía constituye una prueba en cuanto a la seriedad de los mexicanos a la hora de modernizar su sector energético. La Oficina Federal de Auditoría de México no tenía poder para sancionar a una empresa privada como Oceanografía al investigar sus transacciones en 2006. Por su parte, Pemex debe ser transparente en su forma de contratar, pagar y evaluar el trabajo de sus proveedores. En otras palabras, si quiere revolucionar la energía, México necesita regulaciones.
Las repercusiones de un escándalo de fraude que involucra a una pequeña empresa mexicana de servicios petroleros está amenazando con desbaratar una de las cosas más importantes que ha intentado México en décadas: reformar la actividad energética.
La historia de corrupción en Oceanografía, un contratista del gigante petrolero estatal mexicano Pemex, no resulta insignificante en un sector multimillonario en dólares como la energía, especialmente acostumbrado a un escaso control y tratado como un tesoro nacional, como sucede en México.
Oceanografía presuntamente creó facturas falsas por $400 millones por trabajos que todavía no se han realizado y utilizó dichos recibos para pedir prestado dinero a la subsidiaria mexicana de Citibank, que debió hacerse responsable de papeles inútiles.
Y eso no es todo. Oceanografía no pagó deuda, tiene un máximo responsable financiero que está siendo presuntamente investigado por lavado de dinero y un máximo responsable ejecutivo, Amado Yañez, que se ha hecho famoso con sus tweets sobre trivialidades en tanto la empresa enfrentaba una crisis.
El Gobierno tomó el control de Oceanografía, pero cuanto más se ahonda el desastre, más terrible resulta para la dirigencia política de México.
Las cosas alcanzaron un momento decisivo este martes, cuando los legisladores del Partido Acción Nacional de la oposición amenazaron con frenar la apertura de la actividad energética de México a la inversión privada a menos que el Gobierno aclare cuán grave es este caso.
Robert Gil, legislador del PAN, exhibió vehemencia legislativa diciendo: “No podemos garantizar a México que las regulaciones legislativas serán amplias si no sabemos qué problema debemos resolver: ¿Qué pasó con Oceanografía?”.
La preocupación es entendible. Después de todo, varios políticos del PAN han estado vinculados a las acciones de Oceanografía. Peor aún, la Fiscalía General de México ha admitido demoras en la investigación debido a que hasta ahora no puede decir quién es responsable de qué en este escándalo.
Pero frenar la reforma energética es imprudente. Puede afirmarse que, por malo que sea, el negocio clientelista de Oceanografía es el legado de una industria petrolera encerrada en sí misma que estuvo aislada durante demasiado tiempo. Prolongar un status quo que alimenta la corrupción aduciendo que se investiga la corrupción no es una solución. Los líderes de México deben encontrar una respuesta mejor a las coimas en el sector energético.