El presidente del Comité por el Derecho a la Vida y la Salud, Gabriel Pascual, aseguró que la propuesta de ley fue consensuada con los familiares y víctimas del envenenamiento masivo, tras cuatro largos meses de negociaciones.
Inicialmente, el comité había propuesto una pensión de mil 500 a 2 mil 500 para todas las víctimas; sin embargo, la cifra tuvo que ser disminuida a 600 dólares.
Se calcula que una vez concluyan las evaluaciones por el Instituto de Medicina Legal, se contabilizarán unas mil 500 personas afectadas por el peligroso tóxico encontrado en expectorante líquido sin azúcar producido en 2006 por la Caja de Seguro Social.