El uso del brazalete encuentra un punto débil en el elemento resocialización.
Una vez termina la condena monitoreada a través de esta tecnología, ¿qué ocurre con la persona que se mantuvo arrestada en su vivienda?
El ingeniero René Quevedo, quien trabaja con grupos en proceso de resocialización, explica que aunque el arresto domiciliario y monitoreado por medio del brazalete significa una ventaja para la persona condenada, puede quedar el estigma en la sociedad.
“Estamos en una sociedad que discrimina a los ex privados de libertad, más basada en ignorancia y percepciones que en realidades”, manifestó Quevedo.
Entre sus recomendaciones están apoyar a estos individuos en su proceso de reintegración social y familiar, así como su reinserción laboral, a través de seguimiento y acompañamiento en sus comunidades.
Esta sería la única forma de disminuir el riesgo de que al finalizar su condena vuelvan a delinquir.
Estas previsiones deben ser consideradas aun tratándose de delitos de baja peligrosidad.
La Resolución 3 del 7 de enero de 2009, cuando el Ministerio Público adoptó de forma permanente el programa de Brazalete de Monitoreo, estableció algunas prioridades para otorgar el uso de este aparato.
Allí se menciona a privados de libertad con estado de salud que no pueda ser atendido en un centro penitenciario, a la mujer embarazada y a la madre con niños de seis meses, y privados de libertad a los que se les otorgue casa por cárcel y no sean de alta peligrosidad.