De nada sirve que el Estado destine un presupuesto especial para elevar el nivel educativo de los miembros de las sociedades indígenas, si estos, una vez que se gradúan, no ejercen los conocimientos adquiridos en beneficio de su gente, como se espera.
Las condiciones bajo las cuales el Estado hace este tipo de inversiones debería replantearse y convertir el acuerdo moral en un requisito legal ineludible para que, por lo menos durante los primeros años de ejercicio de la profesión, el indígena favorecido se traslade a sus comunidades de origen y aplique lo aprendido para el bien de su propia etnia.
Si no se delimitan responsabilidades, la problemática existente en las alejadas regiones indígenas continuará y las instituciones de salud seguirán carentes de personal idóneo, al igual que las escuelas, donde se replica la situación.