En enero de 2011, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, denunció la pérdida de dos equipos de interceptación de llamadas del Consejo de Seguridad panameño.
Para entonces, Martinelli giró instrucciones para que se iniciara una investigación por el extravío de las máquinas compradas durante la administración del presidente Martín Torrijos.
En ese mismo periodo, el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, informó que eran dos de las tres máquinas existentes, de las cuales tampoco había registros de compra.
En medio de la acusación pública, Mulino informó que se ordenó una investigación en el Ministerio y en otras dependencias oficiales para determinar qué pasó con los equipos y formular la denuncia ante el Ministerio Público. La gestión sigue sin resultados claros.
“El Gobierno debe investigar y llegar hasta el fondo del asunto, y que mantenga informada a la ciudadanía para su tranquilidad”, fue la declaración del entonces presidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez.
A la petición se sumó la dirigente política y exministra de Vivienda Balbina Herrera. “Alguien debe responder. Mientras no aparezcan las ‘pinchadoras’, existirá la duda sobre qué tan privadas son nuestras conversaciones por celular”, enfatizó Herrera.
En tanto, el abogado Miguel Antonio Bernal expresó que muchas de las interrogantes debían responderlas los que tenían la custodia de las “pinchadoras” en el gobierno de Torrijos. Eric Espinosa, exdirector del Consejo de Seguridad, y Javier Fletcher, exasesor de esta entidad, no emitieron comentarios sobre la pérdida de los aparatos.
Fue en la administración Torrijos cuando fueron instaladas antenas móviles que desde un vehículo camuflado de taxi pueden alcanzar conversaciones dentro de oficinas, restaurantes y residencias. Estos últimos equipos fueron donados por el Gobierno de Taiwán.
A pesar de las mutuas acusaciones de ambas administraciones, de espionaje político con los aparatos de Consejo de Seguridad, ninguna ha aceptado que realice estas prácticas con fines de persecución política, sino únicamente para lo que denominan “amenazas a la seguridad nacional”, contra el narcotráfico y en casos judiciales, que es lo que permite la legislación panameña.
Torrijos terminó la tarea de mudanza en Quarry Heights del Sistema de Seguridad y actualizó el equipo de espionaje del Estado. Todos los días, el exmandatario recibía un informe de inteligencia directamente del Consejo sin pasar ningún filtro, ni siquiera de su entonces mano derecha, Ubaldino Real.