A pesar de que la legislación penal panameña es estricta con las personas que porten armas ilegalmente, el problema, lejos de controlarse, se agudiza. Según estadísticas del Ministerio Público, desde que se tipificó la posesión de armas como delito penal en 2004, 102 personas han sido condenadas.
El Código Penal de Panamá, en su artículo 333, establece: “Quien, sin autorización legal, posea arma de fuego, sus elementos o componentes, aunque esta se halle en piezas desmontadas y que debidamente ensambladas la hagan útil, será sancionado con prisión de cuatro a seis años”.
En el mismo artículo se especifica que la prisión será de seis a ocho años en casos en que a la persona se le encuentren más de dos armas, o si posee una de guerra o de gran poder destructivo.