El CET elaborará un expediente administrativo de cada beneficiario, en el que se incluya la certificación expedida por el Instituto de Medicina Legal y entregarlo al Minsa para la confección de la resolución que otorga el derecho al pago de la pensión, cuyo monto de 600 dólares mensuales será revisado cada dos años.
Aquellos que todavía no han sido declaradas víctimas tendrán derecho a seguir siendo evaluadas hasta por cinco años.
Si durante ese lapso, su diagnóstico sale positivo, tendrá derecho a la pensión a partir de que se certifique su condición, por lo que no será retroactiva.
El cónyuge, compañero en unión de hecho, hijo menor de 18 años o 25 si realiza estudios, o los padres de aquellas víctimas certificadas que hayan fallecido tendrán derecho a recibir este reconocimiento.