Hechos
- 12 de febrero se iniciaron las protestas contra la administración de Nicolás Maduro.
- 21 personas han perdido la vida en los actos de violencia en los que está inmerso el país.
Piden juicio
- Estudiantes carabobeños se concentraron en la plaza Montes de Oca para trasladarse hasta la fiscalía en Valencia, donde exigieron que se inicie una investigación al gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach.
Manos atadas
- Un silencio sepulcral y la mirada solapada de los vecinos fueron testigos de la militarización de la urbanización Los Ruices, ubicada en el este de Caracas, donde miembros de la Guardia Nacional controlaban al menos diez edificaciones.
Desde la primera semana de febrero hasta hoy, la modalidad de protesta más empleada en este periodo fue el cierre de calle, seguido por concentraciones, marchas y cacerolazos, con la participación de gran cantidad de personas.
Sin embargo, frente a estas acciones, el Gobierno ha respondido con prácticas sistemáticas de represión: la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), seguidos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y policías municipales, fueron los cuerpos de seguridad que más violaron los derechos humanos de los manifestantes en estas acciones, que dejaron al menos 21 personas asesinadas, 2,382 heridos y 1,254 detenidos en todo el país.
Es la principal conclusión del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en su informe de febrero, y en el cual se analiza la ola de protestas pacíficas realizadas, desde el 12 de febrero, principalmente por jóvenes universitarios y activistas de los partidos de oposición, a las que progresivamente se sumaron vecinos.
Estas acciones de calle representan el número más alto registrado en solo un mes en los últimos 10 años, precisa. “Las tensiones y conflictos en Venezuela vienen en aumento de manera sostenida desde el segundo semestre de 2013”.
Llama la atención sobre las agresiones de los llamados “colectivos”, paramilitares civiles armados seguidores del Gobierno, “que actúan con permisividad y complicidad de funcionarios del Estado”.
“Estas acciones fueron ordenadas y respaldadas en público por el mandatario nacional, Nicolás Maduro, así como por gobernadores pertenecientes al partido oficialista, y también por representantes de la Asamblea Nacional, incluyendo a su presidente, Diosdado Cabello”, señala.
El Observatorio ve con preocupación el llamado que hizo el presidente a los colectivos, consejos comunales y unidades civiles con formación militar para que disuelvan las protestas.
“Con esta medida se promueve un enfrentamiento entre la población civil. Consideramos que las medidas del Gobierno venezolano atizan el conflicto e impulsan su escalada”.
Refiere que desde el inicio de la gestión de Nicolás Maduro, las protestas pacíficas de calle han sido controladas con el uso desproporcionado y no diferenciado de la fuerza.