Los cuestionamientos en contra de la defensora del Pueblo, Patria Portugal, surgen luego de que se conociera de la contratación directa de dos empresas para el diseño de la página web de la entidad y para capacitación del personal por casi medio millón de dólares.
Se trata de las empresas Imaginarium Studio, S.A., y En Avant, S.A., la primera para una asesoría de imagen que incluyó el desarrollo de una página web y un logotipo, por un monto de 249 mil 875 dólares, y la segunda para una consultoría para capacitación en servicio al usuario, cuyo monto alcanzó los 200 mil dólares.
Este hecho provocó que varias organizaciones de la sociedad civil y grupos políticos exigieran la renuncia o destitución de Patria Portugal de la Defensoría del Pueblo.
Las presiones provocaron que la Asamblea Nacional la citara al Pleno y le enviara un cuestionario de 13 preguntas para esclarecer las contrataciones que fueron cuestionadas por un supuesto evidente sobrecosto.
Portugal fue citada nuevamente a la Asamblea Nacional, esta vez en la Comisión de Credenciales, en donde deberá responder otro cuestionario sobre las contrataciones hechas.
Paralelamente al proceso que se le sigue en la Asamblea Nacional, la procuradora general de la Nación, Ana Belfon, pidió autorización a la Corte Suprema de Justicia para su investigación y posteriormente se le abrió un proceso por peculado, hecho que se mantiene bajo investigación.