Tras la petición de la Asociación de Bares y Discotecas de Panamá, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que elimina la fianza al tesoro nacional que el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) les exigía a los comercios de expendio de bebidas alcohólicas.
El grupo conformado por pequeños empresarios se quejó de la fianza establecida en la Ley 5 de 2005 basado en que eran sumas “exorbitantes que les impedía cumplir con lo establecido en la Ley 5 de 2007, y que fue reglamentado por la Contraloría General de la República en febrero de este año.
La propuesta presentada por los diputados Manuel Cohen, Dana Castañeda y José María Herrera eliminó la fianza que fue exigida desde 2005 para responder por el incumplimiento de la ley y por daños y perjuicios a terceros, la cual tenía vigencia de tres años y debía ser renovada en forma obligatoria.
La ley buscaba garantizar el cumplimiento de las normas relacionadas con el expendio de licor, la contaminación sonora, el interés sanitario, el mantenimiento del orden público y la protección de los menores.
Sin embargo, en la dirección de Comercio del MICI afirman que la eliminación de la fianza no les impide tomar acciones contra los locales que infrinjan la ley. “Además, era una fianza que nadie había cumplido desde 2005 cuando se implemento, pero que a raíz de la modificación es que se hacía obligatoria. Con esta misma ley ahora nosotros tenemos la jurisdicción de que en caso de anomalía severa se ordene el cierre del local o se imponga una multa que va de 500 a 50,000 dólares”, explicaron fuentes del Mici.
La norma tenía el propósito de regular los aspectos relativos a la competencia sancionatoria de la entidad en materia de avisos de operación, y modificar el régimen de apertura y de operación para las actividades relacionadas total o parcialmente con el expendio de licores.
Para el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Arturo Alvarado, la fianza de cumplimiento contribuía a garantizar que en caso de incidentes como incendios, el propietario pudiera enfrentar la sanción a través de una aseguradora. Pero las condiciones en las que se encontraba cantidad de locales impedía que las empresas aseguradoras asumieran el compromiso, y por el contrario, será el Mici el responsable que se asegure del cumplimiento.