Organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron que los largos años de espera por una condena favorecen una cultura de impunidad en el país.
El retraso "por sí solo representa la violación de un derecho fundamental constitucional garantizado en Brasil, la 'duración razonable del proceso y medios que aseguren la celeridad de su tramitación'", señaló María Laura Carineu, representante de Human Rights Watch en Brasil.
Por su parte, el director de Amnistía Internacional en Brasil, Atila Roque, apuntó como una consecuencia "peligrosa y directa" de la lentitud del proceso el hecho de que gran parte de los acusados hayan permanecido activos en la Policía durante tanto tiempo tras la matanza.
Cerca de un tercio de los agentes acusados continúa sirviendo en la Policía, según la defensa.