Proceso penal
- Denuncias
- Fue la administradora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, Abigaíl Benzadón, la que solicitó a la procuradora Ana Belfon que investigara a Portugal por la supuesta irregularidad en el otorgamiento de contrataciones directas.
- Ministerio Público
- La procuradora Ana Belfon solicitó a la Contraloría una auditoría a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo.
- Corte Suprema de Justicia
- El magistrado José Ayú Prado, como juez de garantías, decretó la suspensión del cargo, como medida cautelar, a la en ese entonces defensora del pueblo.
La Corte Suprema de Justicia, en menos de 24 horas, decidió no admitir un amparo de garantías constitucionales presentado por los abogados de la recién destituida defensora del pueblo, Patria Portugal.
El amparo había sido presentado contra la procuradora general de la nación, Ana Belfon, por las medidas cautelares impuestas a Portugal en el proceso penal que se le sigue.
El argumento de la Corte Suprema al sustentar no viable el amparo se basó en que esta instancia pierde competencia del caso para pasar a un juzgado penal de circuito, porque Patria Portugal ya no es funcionaria con mando y jurisdicción a nivel nacional.
Los funcionarios con mando y jurisdicción a nivel nacional son procesados por medio del Sistema Penal Acusatorio y es la procuradora de la nación la que debe investigarlos.
Ahora, con la destitución de Portugal, deberá ser una fiscalía de circuito la que tendrá que continuar con el proceso penal que se le sigue por supuestos delitos contra la administración pública.
El amparo de garantías fue presentado en horas de la mañana de ayer y en la tarde fue llevado a reparto, del que quedó en el despacho del magistrado Hernán De León.
Sin embargo, el abogado Rogelio Cruz, quien lleva la defensa de Patria Portugal, indicó que están en espera de que se les entregue la resolución para presentar un recurso ante la Corte por considerar que la medida viola la Constitución.
Según el exprocurador, la medida de la Asamblea también viola las convenciones internacionales de derechos humanos.
Advirtió que, de no resolverse el caso de Portugal ante las instancias judiciales nacionales, se irán a organismos internacionales para exigir que sea reintegrada en su cargo.