Un blindaje para los funcionarios que cometan casos de corrupción, fue el argumento en la Asamblea de quienes se opusieron a la Ley 35 de marzo de 2013.
Esta nueva legislación reforma el Código Procesal Penal, en el que se establece que la prescripción se tomará de acuerdo con el tiempo de sentencia de un delito. En el caso de los hechos punibles contra la administración pública, la pena máxima no supera los 10 años de prisión, por esta razón ese es el tiempo de prescripción. Quienes propusieron la ley argumentan que la medida obliga a los jueces a darles celeridad a los procesos.