El Gobierno español considera que para cualquier acción de fuerza de la comunidad internacional en relación con el conflicto de Siria es preciso contar con un base jurídica que la respalde, explicaron fuentes diplomáticas.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, conversó con sus colegas de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, con quien coincidió en que el equipo de investigación de las Naciones Unidas debe culminar su trabajo.
España mantiene que el uso de armamento químico está considerado por muchos países, entre ellos España, como una línea roja y que la normativa internacional al respecto es vinculante. España espera que el Consejo de Seguridad pueda desempeñar su papel.