Una iniciativa que buscaba regular el uso de los fondos que las instituciones del Estado destinaban a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fue suspendida.
La idea original establecía que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fuera el rector estatal de administrar el curso de estos dineros y los fines para los que son utilizados.
Se conoció que lo que planteaba el Mides era que las instituciones gubernamentales que otorgan subsidios a ONG debían brindar la información de cuánto se destinaba, pero al final la iniciativa no prosperó porque no se logró que las entidades soltaran esos recursos. Con esto se pretendía darle cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 109 de agosto de 2011.