Tras la situación, el gobierno del presidente Ricardo Martinelli emitió un comunicado, donde señala “que las diferencias puestas de manifiesto entre el Tribunal Electoral y la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia deben ser superadas por ambas instituciones, sin injerencia externa de ningún tipo y conforme a los procedimientos que establecen la Constitución y la Ley.
“Toda manipulación de esas diferencias por parte de actores ajenos a las mismas, solo llevan a empañar el proceso electoral y debilitar la institucionalidad del país con consecuencias desestabilizadoras”, señala.
Agrega que no es la primera vez que surgen este tipo de diferencias y conflictos de criterio entre estas instituciones y han sido subsanados bajo el mecanismo de ley y sin intervención externa. “Igual debe ocurrir ahora que Panamá vive una nueva elección presidencial que se desarrolla y desarrollará con la más absoluta normalidad y transparencia, como parte de un permanente proceso de fortalecimiento de su democracia”.
En el comunicado el Gobierno reafirma que es el primer interesado en que se superen las diferencias y que el TE y la Sala Tercera actúen de manera independiente, para fortalecer el proceso electoral y preservar la buena imagen internacional de Panamá.