El pasado 11 de junio el presidente Ricardo Martinelli sancionó la Ley 39, que reconoce ciertas prestaciones laborales a los funcionarios que son despedidos de forma injustificada.
La nueva ley señala que toda persona nombrada permanente o eventualmente en cargos del Ejecutivo, Legislativo, Contraloría, Caja de Seguro Social, las instituciones descentralizadas y los intermediarios financieros que perciban remuneración del Estado, que sean destituidas de manera injustificada, tendrán derecho a una prima de antigüedad.
Esto será a razón de una semana de salario por cada año laborado o proporcional al servicio prestado al Estado, también les da el derecho de recibir una indemnización calculada con base al último salario devengado y conforme a la escala prevista por el artículo 225 del Código de Trabajo.
Para resolver este caso, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia conocerá las demandas que promuevan los servidores y tendrá el término de 3 meses para emitir fallo.
La norma fue defendida por el propio Martinelli y el presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez.
Por no ser retroactiva, la Federación Nacional de Servidores Públicos la consideró electorera, debido a que el gobierno de Martinelli ha destituido a muchos funcionarios de sus puestos.