Los procesados por el caso de corrupción para la aprobación en 2000 de una polémica reforma laboral en Argentina fueron acusados de cohecho activo para los que fueron imputados de pagar los sobornos y cohecho pasivo para los que estaban imputados de recibirlos.
La defensa de los acusados se basó en criticar a Mario Pontaquarto, el exempleado parlamentario que dijo haber sido el nexo para entregar el dinero, a quien tildaron de ser un “títere” de una operación política armada en 2003 de la que responsabilizaron a los entonces jefe de Gabinete nacional Alberto Fernández y al alcalde de Buenos Aires Aníbal Ibarra.
El tribunal enjuiciador también ordenó investigar por supuesto falso testimonio a varios testigos, entre ellos a Ibarra.
El caso de los sobornos en el Senado comenzó en 2000 como un rumor en el Congreso. El entonces vicepresidente Carlos Álvarez terminó renunciado a su cargo.