Después de meses de tácita cooperación con grupos rurales de autodefensa que trataban de expulsar a un cártel de la droga de corte medieval, el Gobierno mexicano ahora quiere resolver definitivamente uno de sus más acuciantes problemas de seguridad con una nueva política de legalización de este movimiento para ponerlo bajo el control del ejército.
Pero los riesgos son altos.
Para tener éxito, el Gobierno debe enseñar disciplina militar, hacerla cumplir e inculcar el respeto a los derechos humanos y al debido proceso a más 20,000 civiles fuertemente armados para luego, con el tiempo, disolverlos y enviarlos de vuelta a sus casas ubicadas en el estado occidental de Michoacán.