De ser sancionado el proyecto que reforma la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, los magistrados de dicha institución, podrían quedar inmunes ante una posible investigación.
El proyecto, presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional (AN), por el magistrado Erasmo Pinilla, tiene como objetivo primordial, variar el número de votos que se requiere para que el pleno del supremo investigue a estos funcionarios.
Según lo propuesto por Pinilla, y que fue avalado por los diputados de la AN, el artículo 25 del mencionado proyecto, establece que para que se ordene la detención preventiva u otra medida cautelar contra un magistrado del TE, "será adoptada por las dos terceras partes de los miembros del pleno de la Corte Suprema de Justicia”.
Es decir, que se requeriría de 6 votos de los 9 que conforman la Corte.
Actualmente, se necesita de la mitad simple para quitarle la investidura a un funcionario del TE.
Esto, a juicio de expertos en materia política y constitucional, representa un escudo del que ya gozan otros servidores públicos de alto perfil.
"Se está creando un fuero especial. Cada vez más los funcionarios quieren elevar su nivel de blindaje y esto a su vez genera impunidad", dijo Juan Jované.
Para el analista político Mario Rognoni, se trata de una práctica que vienen realizando funcionarios de otros órganos del Estado.
"El Tribunal Electoral está siguiendo la corriente de los demás órganos que se han ido blindando lentamente para protegerse".
Rognoni agregó que es absurdo que se requiera del voto de las dos terceras partes de la Corte para investigarlos y que la sociedad civil ha demostrado incapacidad para luchar contra lo que califica como arbitrariedades.