Aclaremos lo que Colombia dice

En estos días, luego de que el Gobierno colombiano cometiese, la “imprudencia histórica” de insultar a nuestro país y atacar el propio ser de nuestra economía de servicios, me ha tocado leer y escuchar en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, las imprecisas explicaciones de las autoridades colombianas tratando de justificar lo injustificable, así como el unánime rechazo del pueblo panameño y su apoyo al Gobierno Nacional para que responda de forma firme, contundente y sin vacilación.

Todas estas han sido explicaciones y justificaciones de parte del gobierno colombiano para “vestir de amistad y cooperación” lo que, sin lugar a dudas, ha sido el gesto más inamistoso, de muchos que ya han hecho en el pasado a nuestro país, y que no hemos querido ver.

Las autoridades colombianas han hablado, por ejemplo, de “poca cooperación de parte de Panamá en materia de interconexión eléctrica” entre ambos países. Creo que obvian decir que la cooperación en materia energética, en ese y otros proyectos, ha existido de forma ininterrumpida entre ambos países, eso sí, con las lógicas diferencias de criterio que pueden darse entre los Gobiernos de dos Estados Soberanos que ponen en la mesa sus respectivos intereses. Si la “falta de cooperación” a la que se refieren significa que Panamá no ha atendido los deseos y modelo que prefiere Colombia para ampliar su área de influencia en política energética hacia la región centroamericana, entonces creo que mejor debemos hablar de imposición y no de cooperación.

“La falta de cooperación en materia aduanera para luchar contra el contrabando que existe en Colombia” y que, por años, se ha achacado a la Zona Libre de Colón, ha sido otra de las justificaciones esgrimidas. Aquí creo que Colombia olvida que existe un amplio marco de cooperación entre las autoridades aduaneras de ambos países que supone, al menos para Panamá, que la atención de las solicitudes colombianas ocupe una gran parte del tiempo y esfuerzo de nuestras autoridades por el volumen de las mismas; como también olvida el Gobierno de ese país que la aplicación de medidas aduaneras unilaterales ilegales por su parte fueron materia de un proceso de solución de diferencias ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), presentado por la administración del expresidente Martín Torrijos, que supuso el desmantelamiento de las mismas, así como la presentación, poco tiempo después, de una nueva demanda ante dicho organismo multilateral, durante la pasada administración del expresidente Ricardo Martinelli, para lograr el desmantelamiento, una vez más, de medidas de similar efecto impuestas, nuevamente por Colombia, en detrimento del comercio panameño con ese país, en abierta violación, una vez más, a obligaciones comerciales multilaterales de Colombia.

Otra justificación que se ha esgrimido es que “Panamá sabía, desde hace dos años, que Colombia declararía a Panamá “paraíso fiscal” en 2014” y no ha hecho nada por evitarlo. Parecen olvidar entre las autoridades colombianas que, Panamá, desde mucho antes, ya les había advertido que la negociación de un tratado fiscal no era de interés, y que la declaración de Panamá como “paraíso fiscal” por su parte, sería tratada como un gesto inamistoso que traería consecuencias a la relación bilateral. Es más, creo que podrían hacer memoria y recordar que Panamá, durante el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio, iniciado en 2010, dejó muy claro en todo momento, que Panamá no tenía ningún interés en negociar, ni suscribir, un acuerdo fiscal con Colombia.

La necesidad de “perseguir la evasión fiscal y cobrar los impuestos a los colombianos porque en Panamá hay evasión fiscal”, ha sido otra de las explicaciones planteadas por las autoridades colombianas para justificar su acción contra Panamá. Pareciera que el Gobierno colombiano olvida que en Panamá, tanto nacionales como extranjeros, deben pagar los impuestos correspondientes a sus actividades económicas en atención a nuestra legislación vigente que aplica el legítimo principio de la territorialidad fiscal. Consecuentemente, cualquier ciudadano o empresa colombiana que obtenga ingresos gravables en Panamá, debe pagar y se le exige pagar, sus impuestos a niveles que nada tienen de “baja o nula tributación”. Otra cosa es que, a la hora de cumplir con sus obligaciones fiscales en Colombia, bajo las normas colombianas, estos mismos contribuyentes obvien declarar sus ingresos y/o pagar los impuestos que de ellos se exija. Es responsabilidad de Colombia, en Colombia, perseguir estos delitos. No existe norma de derecho internacional público que justifique a un Estado exigir u obligar a otro Estado a hacer, en su nombre, nada y menos bajo coacción. Panamá es soberana para escoger los Estados con los que obra en su interés cooperar en materia fiscal, ya sea por vía de la suscripción de tratados para evitar la doble tributación, o para el intercambio de información fiscal, y así lo ha hecho por años ya. Colombia debe aceptar que Panamá no tiene por qué tener interés en suscribir ninguno de estos acuerdos, sin que ello sea justificación para declarar a Panamá “paraíso fiscal” y someter a su comercio bilateral a sobretasas fiscales con el ánimo de recaudar impuestos a costa de la actividad económica desarrollada en y con Panamá por parte de contribuyentes colombianos. Esto es, simple y llanamente, una imposición.

“A Panamá no le conviene recurrir a ningún organismo multilateral para tratar este tema” y “otros países de América Latina como Perú, Ecuador o Argentina califican a Panamá como paraíso fiscal”, son otros de los argumentos que he escuchado desde el lado colombiano para justificar o, mejor dicho, rechazar una acción en la OMC para denunciar la violación por parte de Colombia a sus obligaciones comerciales multilaterales y, para desalentar a nuestras autoridades frente al hecho de que otros países en el continente han cometido el mismo error que ahora comente Colombia. En este sentido, creo prudente recordar, por un lado, que Panamá ya presentó, ante la OMC, una demanda contra Argentina precisamente para solicitar se determine la inconformidad de medidas tributarias discriminatorias contra Panamá por parte de ese país que, igual que ahora Colombia, califica a Panamá como paraíso fiscal. Un proceso de solución de controversias que está avanzado y que, curiosamente, las autoridades argentinas han tratado, en diversas ocasiones, de detener. Si ya Panamá recurrió a la OMC frente a Argentina, debería hacer lo mismo en el caso de Colombia. Por lo que respecta a otros países latinoamericanos que también han declarado a Panamá paraíso fiscal, Colombia no debe olvidar que Panamá, como Estado soberano, escoge como trata sus asuntos bilaterales con cada país y, en ese sentido, viene atendiendo el tema con cada uno de ellos en diversas formas, en atención, entre otras cosas, al flujo económico y comercial existente, así como al impacto económico real que dicha calificación como paraíso fiscal pueda tener sobre los intereses panameños, más allá de su sentido negativo y peyorativo. En cualquiera de los casos mencionados, dicha calificación no tiene un efecto negativo tan marcado y significativo como lo tendrá en el caso de Colombia.

En definitiva, creo que todos, en Panamá, estamos claros que esta es una coyuntura muy importante para el presente y futuro del país en la que se debe, por supuesto, propiciar la negociación con Colombia, más no la imposición de ningún tipo de resultado, y mucho menos, que se justifique en que las razones u objetivos que persigue Colombia, son más importantes, elevados o “serios” que las razones u objetivos que persigue Panamá al no aceptarlos. En negociación no deberíamos aceptar un escenario en que, una parte –en este caso Colombia- no sólo ha aplicado medidas que afectan, directamente, los intereses panameños si no que ya, de antemano, plantea y exige un resultado concreto a cambio de la eliminación de dichas medidas.

No se trata solamente de rechazar, una vez más, el tan injusto e incorrecto calificativo de “paraíso fiscal”, por parte de un país que se crea superior en estructuras y políticas al nuestro. Se trata de rechazar una acción inamistosa por parte del gobierno de un país al que nos une historia y frontera, con el sólo objeto de avanzar sus propios intereses geopolíticos y económicos a costa de los de Panamá, confirmando una vez más con esta acción, un “sentido de superioridad”, que han venido desarrollando al tratar a Panamá, que ya roza la arrogancia. Se trata de indicar a Colombia, con suma claridad que “ya basta”. Si no entendemos que, en este momento, nuestra acción exterior, debe llevarnos a transmitir y defender un mensaje así, habremos permitido, una vez más, a Colombia tratarnos como un país “satélite”, y sentado un mal precedente en lo que respecta a nuestra determinación para defender el propio futuro económico del país. Es por todo ello que, con todo respeto, animo a nuestro gobierno a aplicar una batería de medidas posibles a Colombia para nivelar la balanza de cualquier tipo de negociación bilateral, entendiendo por un lado, que al hacerlo, Panamá no sacrifica su histórica posición de Nación amante de la paz y el diálogo como método fundamental y primario para la relación y la solución de diferencias entre Estados, y por otro lado que, el resultado de la misma no tiene que ser lo que Colombia quiere, si no lo que Panamá y Colombia quieren, si y sólo si ello es posible.