Acumulación por desposesión y Estado
La reciente dinámica de la economía panameña, pese a que, de acuerdo al Banco Mundial, es una de las más altas de América Latina, esconde un crudo proceso de acumulación por desposesión, basado en la utilización del poder estatal con el fin de despojar a diversos sectores del país de ingresos y activos, a la vez que también se les usurpan algunos de sus derechos fundamentales. Algunos ejemplos ilustran la situación. En el caso de los asalariados, se observa que entre el 2004 y el 2011 la participación de sus remuneraciones en el Producto Interno Bruto se redujo de 34.7% a tan solo 29.8%, lo que significó una pérdida acumulada de ingreso de aproximadamente B/ 4,900 millones, los cuales fueron prácticamente absorbidos por el excedente del capital.
Se trata de un fenómeno que se hizo posible gracias a un incremento en el poder monopólico– oligopólico de las grandes empresas, tolerado y promovido por los diversos gobiernos, quienes, además, actuaron de manera sistemática para reducir y violar los derechos laborales de los trabajadores. Esto se ha manifestado en un movimiento inflacionario, generado en buena medida por la especulación de los comerciantes importadores y distribuidores de alimentos, así como en una política agropecuaria perversa que amenaza los puestos de trabajo de cerca del 16.0% de la población ocupada y la existencia de 246 mil productores.
Por otra parte, la acumulación por desposesión ha significado el creciente despojo de tierras y otros recursos naturales de las comunidades originarias, campesinas y de pescadores artesanales, a fin de permitir su explotación por parte de los capitales transnacionales dedicados a la minería, la generación energética y el turismo.
No es casualidad que el conjunto de las solicitudes de explotación y prospección minera abarquen cerca del 44.0% del territorio nacional. Se trata de un proceso que, como es conocido, ha conllevado en no pocas ocasiones el accionar violento de las fuerzas represivas del Estado y el deterioro sistemático del ambiente.
Un elemento de la acumulación por desposesión se encuentra en el manejo de las finanzas públicas. En el centro del mismo se encuentra un proceso de acumulación basado en el gasto público dirigido a la construcción, el cual abarca ya cerca del 42.0% de todas las inversiones realizadas en este sector. Este conjunto de construcciones, plagado de corrupción, en el que las verdaderas prioridades sociales están ausentes, ha llevado a un crecimiento de la deuda pública registrada de cerca del 50.0%, el cual probablemente alcanza hasta al 100.0% si se tienen en cuenta las argucias contables del actual gobierno, destinadas a ocultar una parte del endeudamiento público. A esto se le agrega un sistema impositivo regresivo, diseñado para evitar que los sectores dominantes del país cumplan con su obligación fiscal, así como la venta indiscriminada de activos públicos.
En contraste con lo anterior, también se observa un marcado deterioro y abandono de los servicios públicos de salud y educación. Es así, por ejemplo, que cerca del 32.6% de las escuelas públicas primarias carecen de energía eléctrica y el 40.8% de agua potable, en condiciones que el porcentaje del gasto público destinado a la educación se redujo entre el 2000 y el 2004 de 15.1% a 12.6%. El infame servicio urbano de transporte público, instalado en la ciudad de Panamá, con el fin de asegurar las ganancias monopólicas de los capitales que los explotan, es otro ejemplo.
A lo anterior se podrían agregar otras formas de desposesión. Entre ellas se encuentra la forma agiotista del crédito al consumo. Es así que para diciembre del año pasado la tasa de interés promedio para los ahorristas fue de 0.95%, mientras que la tasa cobrada por los bancos por las tarjetas de crédito alcanzó a 16.57%.
Al esquema de acumulación por desposesión le corresponde un Estado corrupto, que actúa de manera crecientemente represiva para reducir las libertades ciudadanas. El mismo carece de todo sentido nacional, buscando, de manera sistemática, borrar toda la memoria histórica relacionada con las luchas nacionales y sociales. Este, además, se sostiene en un proceso electoral cuyo fin es asegurar y consolidar el poder político de los sectores económicos dominantes.
Frente a esto, resultan urgentes dos tareas: la formulación, en base a la consulta con la población víctima del despojo, de un programa nacional, popular, democrático y ambientalmente sostenible; avanzar en la construcción de una plataforma política amplia, que organice a los sectores representados en este programa. El esfuerzo de las candidaturas independientes debe, entonces, culminar en la generación de las condiciones para una constituyente originaria.
