Adiós al control
Tal como lo habíamos previsto, el control de precios está dando sus últimos estertores. Han creado carestía y escasez, de acuerdo con el unánime criterio de amas de casa, productores, comerciantes, consumidores en general. Más vale que se ponga fin a esta experiencia del gobierno panameñista cuando el Ministerio de Comercio e Industrias revise objetivamente en diciembre la regulación de precios y sopese los resultados contradictorios.
El Control de Precios ha fracasado en Panamá, al igual que en Venezuela, Argentina y en todos los países que lo pusieron en práctica y lo sigan haciendo. Fracasan los controles económicos porque son medidas políticas populistas para ganar apoyos y simpatías, y no se fundan en estudios técnicos ni en consultas constantes con los productores y los comerciantes.
Los precios de los productos de la canasta básica no pueden determinarse en los escritorios de los burócratas, sino en el conocimiento directo de los protagonistas del proceso económico. Los precios de venta al público son el final del proceso que empieza con los productores agropecuarios, intermediarios, transporte, congelamiento de las especies perecederas, costos internos y márgenes de utilidad de los vendedores.
El gobierno panameñista empezó por el final del proceso para poder cumplir promesas políticas demagógicas de Juan Carlos Varela en la campaña electoral. A sabiendas de que el sector agropecuario atraviesa una severa crisis, debido a diversas causales, se prescindió de las consultas indispensables con los productores. Prueba de ello es el escepticismo que se impregna en las declaraciones del presidente del Frente de Productores de Chiriquí, Víctor Watts.
Después de reuniones con las autoridades en las que se anunciaron apoyos económicos que no se han cumplido, los agricultores chiricanos manifiestan que no creen en cuentos. Continúan las importaciones de productos alimenticios. Las inundaciones provocaron perjuicios económicos en los campos de cultivo. No se ha rebajado el costo del transporte a los mercados. No se usan las cámaras de frío por razones políticas contra el gobierno anterior.
Los productores avícolas enfrentan nuevos impuestos municipales en Capira, con repercusiones desfavorables en otros lugares. Escasean los huevos y otros artículos regulados, mientras suben los precios de los artículos sin regulaciones. Los administradores de los minisúper trabajan a pérdida, y se resisten por ello a ofrecer artículos a precios que no toman en cuenta los costos internos de los medianos empresarios.
El panorama general de la economía sufre las distorsiones inherentes a la naturaleza del control de precios. Los productores agropecuarios se ven obligados a bajar la producción por la ausencia de estímulos que tiendan a elevarla.
La pesada cartera de créditos estatales zumba, como espada de Damocles, sobre la cabeza de los productores, sin que las autoridades respondan acertadamente con una moratoria que permita por un buen tiempo, la reestructuración de las deudas en función del repunte agrícola.
Exigir pagos en plazos conminatorios, en medio de la crisis, resulta contraproducente. Aumentarán las importaciones de arroz, maíz, granos, para cubrir los vacíos del abastecimiento a los consumidores, pero deprimiendo mucho más la capacidad productiva local.
Hace rato que debió decretarse la situación de emergencia del sector agropecuario, sobre todo en Chiriquí y las tierras altas, esto es la gran reserva de la producción nacional. Para paliar la crisis se requiere de una mentalidad de grandes cambios en la agricultura y la ganadería porque el control de precios los está llevando a la inopia.
