Adiós a las armas
Colombia vive la conmoción del posible acuerdo político del gobierno presidido por Juan Manuel Santos y las Farc, que pondría punto final a la subversión armada que asola el país vecino desde hace más de medio siglo. El anuncio de los voceros se interpreta como parte de otros acuerdos que convergen en el objetivo central de alcanzar la pacificación interna. Uno de los acuerdos consiste en discutir una hoja de ruta para que los guerrilleros se inserten en la estructura política colombiana como un nuevo partido, tal como se logró en años anteriores con otras organizaciones subversivas. Otro propósito es que se creen condiciones laborales para que sean admitidos como trabajadores en empresas privadas o públicas y se ganen el sustento honradamente, pero con garantías que abandonarán la violencia, y no volverán a mezclarse con los carteles del narcotráfico en asaltos de bancos, obtener dinero por extorsiones, cobrar cupos a personas naturales y jurídicas, y todos los hechos que riñen con las leyes.
El objetivo de alcanzar la pacificación es loable, considerando las víctimas de uno y otro bando, las pérdidas materiales, y todo los aspectos que gravitaron contra la estabilidad del país. Sin embargo, hay dificultades de orden legal para arribar a un consenso. Gran parte de los dirigentes de las Farc están procesados por delitos de narcotráfico, asociación ilícita para delinquir, delitos contra la vida y la integridad personal, seguridad colectiva y la personalidad jurídica del Estado. Hay delitos que podrían indultarse; pero las denuncias de narcotráfico, contra la vida y la integridad personal, difícilmente porque no se configuran como delitos de naturaleza política, sino delitos comunes pendientes de sentencias judiciales. Este es uno de los grandes desafíos que confronta Colombia como Estado de Derecho para resolver las encrucijadas del proceso de pacificación. Un indulto general generaría situaciones controvertidas en los diversos niveles de la sociedad.
Entre los movimientos de oposición política a las negociaciones de paz se yergue el expresidente Álvaro Uribe, cuyo candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga rechaza las negociaciones de La Habana. Uribe considera que los guerrilleros, responsables de numerosos crímenes atroces, como narcotráfico, secuestros, reclutamientos de niños etc., no deben ser elegibles en el Congreso. Cuestiona que en el comunicado emitido desde Cuba se habla de dejación de las armas, pero no de entrega, lo que representaría la continuidad de los peligros de la subversión si las Farc se organizan como partido político. El presidente Santos ha expresado que los acuerdos de paz se someterán a referéndum para determinar el apoyo o rechazo de los ciudadanos colombianos. Los voceros de la guerrilla desestiman la necesidad del referéndum y aspiran a que los acuerdos tengan rango de ley, como si fueran aprobados por el parlamento.
Desde la perspectiva de Panamá, el cese de la violencia armada significaría un avance importante en las áreas fronterizas de Darién, donde el Senafront se enfrenta constantemente con miembros de la subversión colombiana dedicados al narcotráfico. Se lograría la estabilidad de la frontera darienita desde el punto de vista militar, pero los acuerdos no llegan a neutralizar las actividades del narcotráfico. Esa es la cuestión.
