Administrar justicia
El siglo XXI trae consigo invaluables descubrimientos científicos, tecnologías impensables y aportes a la humanidad sin precedentes que contribuyen a fortalecer la calidad de vida del ser humano, aunado al reconocimiento de derechos fundamentales e intervención de la comunidad internacional y de organizaciones civiles con mecanismos e instancias de participación. Hablamos de Estados con la obligación de cumplir con todos los sectores de población, en especial con las mujeres indígenas, rurales y afrodescendientes, para que accedan a la justicia desde sus propias localidades.
Las leyes que administran justicia están vigentes para el ciudadano común; la mayoría accede al sistema, están informados sobre derechos mínimos, poseen recursos económicos, hablan un idioma único y encuentran defensa legal.
Sin embargo, es necesario mencionar la ausencia de reconocimiento a derechos humanos de la mujer indígena, la violencia en todas sus formas es algo natural, el alto nivel de analfabetismo (30.8%) impide potenciar su vida y conocer derechos, así como hablar solo la lengua materna, constituyen factores que la adversan.
Sabemos que la educación fortalece y orienta decisiones en momentos críticos, pero en comunidades donde prevalecen 33 mil 50 personas sin escolaridad y la educación primaria constituye el mayor grado de instrucción (65 mil 587), según censos de 2010, los datos desfavorecen a mujeres ngäbes. El analfabetismo impacta la vida de las mujeres en sus derechos, defensa y protección legal que el sistema local comarcal no le brinda. La mujer tiene derecho a poseer bienes, propiedades patrimoniales, posesiones de tierra entre otros, pero las escasas mujeres que los detentan son estafadas, violentadas para que cedan derechos sobre patrimonios familiares cuidadosamente administrados por ellas. El perfil de las afectadas es de mujeres sin escolaridad y en pobreza, hablan solamente la lengua indígena, están solas o son viudas, viven en áreas inaccesibles y sin recursos económicos.
Al buscar protección de las autoridades locales por conflicto de tierra, lo hacen en desigualdad; sin escuchar el problema, sus argumentos se descalifican y las peticiones desestimadas. Entonces decide buscar justicia, para ello caminará largas horas y meses de diligencias, esperando en la intemperie ser atendida por la autoridad competente sin resultado, proceso que bien puede costarle años de gestión hasta perder la vida.
Concluimos en la urgente necesidad de proteger el derecho colectivo y familiar a la tierra que tiene la mujer ngäbe, por ello es obligante eliminar los obstáculos que le impiden el disfrute de ese derecho en igualdad de oportunidades con el hombre, sin que sean excluidas, violentadas o discriminadas por su propio sistema cultural.
Abogada
