Adopciones, en el banquillo de los acusados

Hace unos cuantos días, una alta funcionaria del Gobierno y que se relaciona con temas de la niñez denunció que la voz rectora de un centro de adopciones traficaba influencias. A raíz de esas declaraciones, no fueron pocos los organismos o las ONG que le cayeron encima y a bandada. Incluso, llegaron a pedir su renuncia. Pareciera que los sectores relacionados con el tema se cuadraron y cerraron filas de inmediato, con el centro en referencia.

Ahora parece que el tema ya quedó atrás y que se fumó la pipa de la paz entre la autoridad y el centro. Personalmente, creo que al menos debió realizarse una investigación.

No creo que una alta autoridad emita estas acusaciones “así porque sí”. No las estaba diciendo un “Juan de los palotes”, sino, insisto, la más alta autoridad en materia de adopciones, o al menos, quien tiene que ver con los procedimientos.

Pero, en el fondo, de qué estamos hablando. Sencillo, de las adopciones. En principio, institución jurídica, independiente y autónoma que permite a personas adoptar, como hijo o hija, a otra cumpliendo los requisitos de la ley. Se hacen estudios muy diversos, sociales, psicológicos, económicos, biológicos, etc., a fin de determinar, desde la perspectiva jurídica, que una persona está en condiciones y en capacidad de llamarse padre o madre de otra.

Esa “otra” persona es la que nos importa. Surgen, en ese sentido, preguntas como: ¿Quiénes adoptan en Panamá?, ¿a quiénes se les entregan nuestros niños y niñas o adolescentes?; ¿qué intereses median en las adopciones que se dan en nuestro suelo?; ¿quiénes realmente están metidos en las adopciones?, ¿qué intereses ocultos o mediáticos pueden estar involucrados en las adopciones?; ¿existirá algún negocio de por medio en el tema de no pocas adopciones?

Insisto, en lo personal, creemos que al menos debió realizarse una investigación. Lo que se dijo, por algo se dijo, alguna causa motivó la acusación. ¿Qué fue?

Las adopciones no pueden quedar sujetas al tráfico de influencias de nadie en lo absoluto. No pueden estar supeditadas a nada que no sea el respeto a la ley, ni a la figura de quien llama o de quien hace el trámite, porque un niño, una niña, o un adolescente, no puede entregársele a la ligera a una persona o a una pareja. No estamos, en las adopciones, tratando con animalitos, cosas, sino con seres humanos, generalmente bebés, pequeños y pequeñas criaturas, muchachos que buscan un hogar, uno verdadero que los habrá de recibir como un miembro amado y querido en la familia.

No pasa a ser un miembro más: no se trata de un primo o prima, sobrino o sobrina, sino de alguien que ingresa en calidad de hijo o hija. Pues por la adopción se adquieren los derechos de hijo o hija y los adoptantes adquieren la patria potestad sobre el adoptado o adoptada.

En Panamá, la Ley 46 del 17 de julio de 2013 regula todo lo concerniente a las adopciones. El artículo 3 de dicha ley prescribe el interés superior del niño, niña o adolescente, y lo configura como el principio que persigue tutelar el derecho de los tales a permanecer y convivir en el seno de una familia consanguínea o, en caso de no ser posible, en otro medio familiar con carácter de permanencia.

En otro orden, el artículo 5 de la precitada ley prescribe que la autoridad central de las adopciones es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. En consecuencia de lo anterior, ante el tipo y clase de denuncias que se hicieron, qué pena que todo quedó “en la mera denuncia” y que nadie se interesó en investigar nada, absolutamente nada, como si lo que se dijo hubiese sido “cualquier cosa”, sin importancia, sin trascendencia alguna, “agua pasó por aquí, cate que no la vi”.

Se requiere, en ocasión de la denuncia dada, y por parte de las autoridades competentes, tener agudeza de espíritu, mente ávida de investigar, criterios sólidos y bien definidos, para desentrañar si la denuncia fue meramente eso, “una denuncia sin fundamento y necia”, o “había cuestiones de fondo muy delicadas y serias” que resultaron, a la postre, vistas con absoluta frialdad e indiferencia.

A nadie estamos acusando, que se entienda. Lo que queremos sostener es una sola cosa: ¿Por qué no se investigó lo denunciado? ¿Sabemos realmente qué sucede con las adopciones en nuestra jurisdicción? Por favor, solo pedimos que se investigue.

¡Qué pena que nada se ha investigado! Pero no es tarde, aún estamos a tiempo de saber qué sucede o pasa con esos niños, niñas, adolescentes a adoptar y que están ávidos de un hogar, de unos padres que los amen y los quieran como auténticos hijos e hijas.