Agua, privatización y demagogia
En su reciente encíclica Laudato Si, el papa Francisco llama la atención sobre un hecho importante: "mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convirtiéndolo en mercancía que regula el mercado". Frente a esta situación nos recuerda que "el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la supervivencia de las personas y, por lo tanto, es condición para el ejercicio de los derechos humanos".
A la luz de lo anterior es útil subrayar que la propuesta del presidente de la República de concesionar las aguas del lago Bayano, a fin de que la empresa privada la utilice con fines de potabilizar agua que luego será vendida al Idaan, constituye un efectivo proceso de privatización, que afecta claramente la naturaleza del preciado líquido como derecho humano. El hecho de que el presidente argumente que el Idaan en sí mismo no será objeto de traslado al sector público, no le quita el carácter privatizador a su propuesta.
Esto le hubiera quedado claro al presidente Varela si se hubiera tomado el cuidado de consultar la literatura económica existente. En efecto, de acuerdo con el "The MIT Dictionary of Modern Economics", editado por David W. Pearce, la privatización se define como "la política de convertir en privada la propiedad pública de un activo o de permitir la realización de cierta actividad, previamente llevada a cabo por un departamento de una organización pública, por parte de algún negocio del sector privado". Esto último es lo que estaría ocurriendo a partir de la propuesta presidencial, ya que la función de provisión de agua potable se estaría transfiriendo del sector público al privado.
A fin de mostrar que el criterio señalado está efectivamente extendido en la literatura económica, se pueden citar otras de igual importancia. Es así que de acuerdo con Joseph Stigliz, premio Nobel de economía del 2001, se entiende por privatización el "proceso por medio del cual funciones que previamente eran realizadas por el gobierno son delegadas en lugar de ello al sector privado". Así mismo, "The Fortune Enciclopedia of Economics·", editada por David R. Henderson, comenta que las formas de privatización "van desde la venta pública de acciones de empresas previamente de propiedad estatal a los negocios privados hasta la utilización de empresas privadas para la realizar trabajos del gobierno bajo contrato".
La tendencia a la privatización que ahora se concreta en la propuesta del presidente no debe extrañarnos, pese a todas la promesas de campaña, ya que se trata de una visión claramente definida en su "Plan Estratégico de Gobierno 2015 ? 2019 Un Solo País", el cual le otorga una enorme importancia a las llamadas alianzas público ? privadas. La fuerza de esta visión privatizadora, la cual coincide con los intereses de los sectores económicamente dominantes, queda clara en las declaraciones presidenciales que señalan que el gobierno no es capaz de invertir $500 millones en uno de los problemas sociales esenciales como es el del agua potable, mientras que presenta un programa de inversiones públicas quinquenal por un monto de $19,486.8 millones.
Más allá de lo anterior, el proyecto analizado apunta hacia la entrega de la producción de agua potable con aguas del lago Bayano a una empresa transnacional. Se trata de una decisión que seguramente afectará a la población panameña, tal como lo demuestra la experiencia internacional. Esta se puede resumir en el siguiente comentario de Sebastián Valdomir (2008): "Las grandes empresas transnacionales que se valieron de jugosos contratos por las privatizaciones de servicios de agua potable y saneamiento en la década de los 90 agravaron la exclusión de amplios sectores sociales y generaron graves conflictos ambientales. Lejos de solucionar las problemáticas de exclusión, la privatización de los servicios de agua no fue el mecanismo para mejorar los niveles de acceso y abaratar las tarifas, tal como argumentaban los promotores neoliberales, sino todo lo contrario". La idea de que en Panamá esto sería evitado por la intervención reguladora del Idaan o la Asep no resulta creíble, ya que la experiencia solo demuestra que, en los gobiernos como el actual, las transnacionales son las que imponen sus intereses.
El derecho humano al agua solo se podrá alcanzar en Panamá si en este momento nos movilizamos para evitar la privatización propuesta por el gobierno, así como para asegurar la suficiente inversión pública para realizarlo. Hace falta, además, una constituyente originaria que consolide este derecho.
Economista
