Ahorristas

La crisis que atraviesa la cooperativa de ahorro y préstamos de empleados de la Caja de Seguro Social (CSS) plantea la ineludible prioridad de la defensa de los ahorristas. Hay dos caminos paralelos en esta crisis: lograr la máxima recuperación del fondo de ahorros y esperar el resultado de la investigación del Ministerio Público sobre el origen del desgreño administrativo y financiero. La forma más viable de solución de la crisis debiera propender a la recuperación de los ahorros para devolverlos a los que depositaron su confianza en la credibilidad del cooperativismo. Contradictoriamente, la persona a cargo de la intervención ha decidido que se prosiga con los descuentos a los salarios de los ahorristas, como si no existiera alguna anormalidad administrativa. ¿Cuál es el objetivo de esta decisión? Es un punto que requiere respuesta puntual para atajar el desconcierto de los que aguardan, con impaciencia justificada, el reintegro de sus ahorros, y no entienden por qué razones deben seguir aportando ahorros a una entidad quebrada.

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción Circuital estima que ha encontrado indicios y pruebas de irregularidades con base en las auditorías de peritos y solicita al Ministerio Público que profundice las investigaciones a los directivos de la cooperativa, que configuren delitos comprendidos en el Código Penal. Es deplorable que los encargados de la gestión de una importante cooperativa, integrada por empleados de la CSS y también de centros médicos de salud pública, no hayan cumplido responsablemente, según se presume, con la administración del fondo de ahorros y hayan otorgado préstamos bajo condiciones no cónsonas a la dimensión de sus reales recursos financieros. Los directivos deberán rendir cuentas para establecer si, por ejemplo, concedieron préstamos desproporcionados que llevaron a la iliquidez; o si hay casos de infiltración de ahorros dudosos depositados para mañosamente obtener préstamos por encima del monto de sus colocaciones. Las investigaciones del Ministerio Público arrojarán luz sobre los posibles despropósitos perpetrados.

Pero la devolución urgente de los ahorros, con sus respectivos intereses, es la primera obligación de los interventores designados por el Instituto de Cooperativas. Al respecto, existen casos de cooperativas y bancos bajo intervención que incuban desconfianza y decepción. A veces no pudieron los ahorristas siquiera recuperar el 50% de sus ahorros, después de un largo y angustioso lapso de duración entre la declaratoria de iliquidez e insolvencia y la administración interventora. La intervención del Ipacoop debiera ser lo más breve posible y, sobre todo, dedicarse a la recuperación y devolución de los ahorros e intereses.

Las protestas de frustrados ahorristas demandando la devolución de sus ahorros resquebraja el prestigio del sistema cooperativista. Hay que bregar rápidamente para satisfacer las justas reclamaciones y apuntalar la fortaleza de un sistema de noble abolengo social, pero cuarteado por el descrédito de los administradores y la inercia de los interventores. Hay que suspender los aportes de los ahorristas, a menos que se ofrezca una explicación coherente de las razones de la continuidad de un ahorro forzado por las circunstancias.