Al descubierto
Las sospechas de que la sanción contra Panamá Américaes una maquinación política queda al descubierto. Ya se conoce que la sanción fue redactada por elementos de partidos de la oposición y se acordó sin la presencia de los representantes de los medios de comunicación. Abundando en anomalías, el reglamento de la Comisión de Justicia y Paz no ha sido divulgado, no obstante el tiempo transcurrido para su difusión.
Representantes de los partidos Panameñista, PRD y Popular llevaron a la mesa el borrador de sanción, ante una denuncia del diputado panameñista José Blandón.
Con evidente intención política se impuso la sanción. A menos que lo nieguen, los referidos partidos han violado la libertad de prensa y están obligados a sustentar estas posiciones ante la opinión pública.
Deben aclarar por qué se han convertido en censores de la prensa libre; con qué autoridad legal y moral se han puesto por encima de la Constitución, invadiendo un campo altamente sensitivo por completo ajeno a su competencia. No hay duda de que lo hicieron para presentar al diputado Blandón como víctima de una información veraz. Estas anomalías fueron respaldadas por la secretaria de la comisión, Maribel Jaén.
A todas luces se trata de una maniobra de naturaleza política que expone la catadura moral de los directivos de partidos políticos supuestamente democráticos. Si perpetran extralimitaciones de esta envergadura contra la libertad de información estando en las filas de la oposición, hay que calcular qué harían si llegaran a gobernar nuevamente el país.
Por lo pronto se han negado a llevar a sus tribunales de honor a militantes acusados de prácticas internas de guerra sucia y juzgarlos en función de sus estatutos, permitiendo por acatamiento al debido proceso que los impugnados descarguen las infracciones atribuidas.
La incapacidad de autocrítica de los mencionados partidos y la parcialidad de la comisión descalifican a los firmantes del pacto. Pero antes de que se secara la tinta de las firmas, por así decirlo, el pacto fue sometido al descrédito por obra de los dirigentes de los partidos, unos incurriendo en denuncias falaces sobre antenas, otros ignorando amenazas contra la integridad física de miembros de la propia membresía partidaria. Como representantes de la comunidad nacional, los partidos políticos están obligados a dar ejemplo con sus acciones.
Sin embargo, la acumulación de irregularidades que remataron con la sanción a un medio de comunicación resulta suficiente para desmontar el uso ilícito de un pacto que responde a intereses politiqueros que nada tienen que ver con la ética electoral.
El Consejo Nacional de Periodismo es una institución creada para esclarecer temas y aspectos ligados a la libertad de información y de opinión. Si el diputado panameñista se consideró afectado por informaciones sobre su responsabilidad en un proceso de pensiones alimenticias, pudo recurrir al CNP. Pero se dirigió a un organismo de regulación electoral que, sistemáticamente, se hace de la vista gorda en asuntos espinosos de guerra sucia de índole política. La complicidad política queda al desnudo con estas acciones.
