Alerta máxima
Hace pocos días se conoció que a un ministro de Estado le habían "hackeado" su correo electrónico: dirigentes de oposición y algunas personas ajenas a la política también han denunciado la intervención ilegal en sus cuentas de correo.
El problema genera preocupación, pues los casos contra la seguridad informática se han triplicado en el último año, ya que en el 2009 solo se reportaron 12.
A pesar de que las autoridades ejecutan ingentes esfuerzos para combatir este delito, las alarmas se han disparado por la falta de personal especializado para llevar a cabo las investigaciones.
La situación se complica, luego que el ministro de Economía y Finanzas admitiera que en el Estado "no estamos actualizados como deberíamos" para enfrentar el robo de información, por lo que ha ordenado una consultoría.
Un estudio de la empresa Riscco Consulting, que incluyó a 81 organizaciones, de las cuales el 15% eran estatales, dejó en evidencia que las mismas no cuentan con una estrategia para la protección y privacidad de sus datos.
El documento detalla que el sector privado como el Estado no hacen su labor de establecer suficientes controles, políticas y procedimientos de prevención, por lo que esta falla les está facilitando la labor a los piratas.
El tema es preocupante, pues entidades como el Banco Nacional, la Caja de Ahorros, la Dirección General de Ingresos, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Registro Público, la Corte Suprema de Justicia y la Dirección de Catastro son las más expuestas al robo de información.
El Gobierno debe volcar su mirada a este problema cuanto antes, pues está en riesgo valiosa información que puede perjudicar a miles de personas.
