¡Alerta: peligra la autonomía del Seguro Social!

La revisión sistemática de las pensiones que paga la Caja del Seguro Social, para ajustarlas periódicamente y evitar que pierdan poder adquisitivo como consecuencia del incesante e imparable aumento del costo de la vida, es deuda de muy vieja data. Ningún gobierno ha querido asumir esa responsabilidad; han preferido, en respuesta a las justas demandas de los pensionados, especialmente de aquellos que reciben las pensiones más exiguas, conceder o prometer aumentos, sin tomarse la molestia de consultar a quienes han designado para dirigirla y sin consideración ni respeto por la autonomía que por mandato constitucional y legal debe tener la Caja del Seguro Social.

Dos situaciones de reciente ocurrencia demuestran que el presente gobierno sigue transitando la peligrosa ruta marcada por sus predecesores y, además, los ha superado. Por un lado, sigue empujando “arreglos de muy dudosa claridad” para dizque “invertir productivamente” las reservas del Fondo de Pensiones, ignorando olímpicamente a la Junta Directiva de la Caja y a los asegurados; por el otro, promete aumentos a los pensionados, sin medir sus efectos sobre esas reservas.

Insisto en señalar que considero justas y de urgente atención las peticiones de los pensionados que ven como se les esfuman sus magros medios de sustento por el galopante aumento del costo de la vida; pero el gobierno, en la manera de enfrentarlas, sigue actuando imprudentemente. Prometer a los pensionados aumentos que necesitan con urgencia no es criticable; pero es irresponsable hacerlo sin haber analizado la capacidad de la Caja para satisfacerlos.

Cosa igual ocurre con la proyectada inversión de las reservas de la Caja en aventuras especulativas que, antes que destinadas a fortalecer las finanzas de la institución, más parecen concebidas para favorecer a inversionistas inescrupulosos, aumentando las desorbitadas ganancias que ya obtuvieron con el pingüe, y todavía pendiente de muchas aclaraciones, negocio de los corredores.

En cuanto a los aumentos a los pensionados, especialmente a aquellos que reciben las pensiones más exiguas, recalco que los considero justos; pero su financiamiento no debe salir de las reservas del Fondo de Pensiones, si éstas no pueden absorberlos. La advertencia del director de la Caja sobre el déficit que ocasionaría, por un monto de 38 millones de balboas, no debe ser desatendida.

La alternativa para financiar los aumentos de los pensionados es mediante un aporte del Gobierno Central. Bastaría con utilizar el 50% de los 38 millones de los inmorales subsidios electorales.

Los fondos de la Caja del Seguro Social no deben ser una “”hucha” a disposición de los gobernantes, para granjearse simpatías o para resolver problemas que son ajenos a la institución. Los dineros de la Caja pertenecen a los asegurados, que son sus únicos dueños, a quienes corresponde decidir cómo se invierten sus recursos, pues son ellos los que sufrirán las consecuencias de las inversiones fallidas.

Ni el gobierno ni la Junta Directiva tienen derecho a comprometer 275 millones (es la cifra mencionada) de sus reservas, sin la aprobación de los asegurados, que deben ser consultados, para que opinen al respecto, mediante una encuesta precedida de explicaciones claras y precisas. Eso sería lo legal y lo prudente. ¡La autonomía de la Caja del Seguro Social debe ser sagrada!