Alerta verde
La reinstalación de la comisión interinstitucional, formada por los ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Obras Públicas (MOP), Salud, municipios, Sinaproc, Anam, Etesa, constituye un paso básico para prevenir y actuar sobre las afectaciones generales provocadas por lluvias torrenciales. Cada una de estas dependencias tiene un área especializada por atender y resolver. Vivienda deberá examinar, por ejemplo, los casos de residencias construidas en antiguos cauces de ríos y riachuelos y en zonas situadas debajo del nivel del mar. Estas construcciones, como se ha comprobado, son altamente vulnerables a inundaciones y -por ende- las autoridades del Miviot no deben autorizar más proyectos expuestos a calamidades derivadas de los cambios climáticos. El MOP debe supervisar obras de infraestructura para evitar que los contratistas incurran en anormalidades lesivas como destrucción de tuberías del servicio de agua potable y obstrucción de los canales de desagüe. Toca a la Anam proteger manglares, humedales, áreas reservadas y asuntos ecológicos. A través de la Dirección de Hidrometeorología, corresponde a Etesa la advertencia de cambios atmosféricos susceptibles de provocar fuertes descargas pluviales.
La Autoridad de Aseo debería formar parte de la comisión para el debido control del arrojo de basura en ríos, riachuelos, quebradas. Por su conocimiento de las áreas urbanas, en las que se concentran los mayores volúmenes de desperdicios, su tarea podría consistir en la aplicación de multas a los vecinos que esparcen basura en forma irresponsable y realizar docencia en las áreas críticas. El Sinaproc tendría la responsabilidad de coordinar labores de cada una de las entidades de la comisión interinstitucional y supervisar su cumplimiento sincronizado.
El sector privado de la construcción debe coadyuvar en el amortiguamiento de los impactos urbanos desencadenados por las inundaciones. Puede exhortar a promotores inmobiliarios y empresas constructoras a no levantar edificaciones residenciales y comerciales en las áreas vulnerables y a respetar las normas del Miviot. La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) debe exhortar a las constructoras a que no arrojen caliche en el alcantarillado y que se responsabilicen en el cumplimiento de la normativa urbana en la limpieza de drenajes, construir muros de contención donde se alteraron los cauces de los ríos y evitar daños y obstrucciones en la infraestructura del Idaan y otros servicios estatales.
Los vecinos no pueden pasar agachados a la hora de identificar responsabilidades en la limpieza de la ciudad. Las inversiones del MOP en limpieza del sistema de alcantarillado se frustran por malos hábitos de los vecinos que lanzan neumáticos, muebles destartalados, mobiliario doméstico en mala condición al cauce de ríos y riachuelos, lo que bloquea el flujo de las aguas y crea las condiciones materiales para el caótico desbordamiento sobre albergues levantados con materiales inconsistentes. Asimismo levantan viviendas sobre terrenos que pueden desmoronarse con la llegada de la temporada de lluvias. Existe, en resumen, una responsabilidad compartida del Estado, vecinos, sector privado, fabricantes de insumos de construcción. Si las partes no cumplen sus deberes específicos, proseguirá la crónica de los desastres urbanos. Está en manos de cada uno de los sectores involucrados afrontar las responsabilidades específicas y no seguir echándose la culpa unos a otros.
