Alimentación y desarrollo humano sostenible
Habiendo destacado la importancia de la seguridad y la soberanía alimentaria como elementos indispensables para lograr el desarrollo humano sostenible, resulta necesario complementar el análisis con una reflexión en torno a las políticas necesarias para el logro de este objetivo. Estas deberán desarrollarse para que toda la población logre las condiciones de accesibilidad a la alimentación, así como para alcanzar una producción interna suficiente para afianzar la soberanía alimentaria. Juntas dan lugar a una política de cero hambre.
Desde la perspectiva de la disponibilidad, la política tiene dos grandes componentes. El primero de ellos es el de mejorar la distribución de la renta para lo que se deberá: restablecer la capacidad adquisitiva de los asalariados y pensionados, vía un incremento general de salarios y pensiones; incorporar a la población al empleo decente; asegurar la vigencia real de las leyes laborales y sociales; apoyar decididamente a la micro, pequeña y mediana producción. En segundo lugar, hace falta la implantación y desarrollo de las instituciones necesarias para el control y la regulación de los precios de la canasta básica, así como el endurecimiento de las leyes antimonopolio. A esto se deberán agregar acciones directas que vinculen la dotación de alimentos por parte del Estado con la educación, el desarrollo de los programas de nutrición materna infantil y de aseguramiento alimentario directo para las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.
Del lado de la producción para la soberanía alimentaria se destacan varias políticas importantes. En primer lugar, se debe resaltar la necesaria protección de la producción nacional de alimentos. En este sentido debe entenderse que la seguridad y la soberanía alimentaria representan una prioridad frente a cualquier acuerdo internacional de libre comercio. En segundo lugar, resulta prioritario eliminar el control monopólico – monopsónico que ejercen los comerciantes intermediarios sobre los productores y consumidores. La colaboración de productores, consumidores y el Estado deberá permitir constituir canales seguros de comercialización, con precios remunerativos para el productor y adecuados para el consumidor, en los cuales no exista la ganancia especulativa. Los almacenes reguladores, donde se venda la canasta básica a precios oficiales y de manera permanente son una necesidad imperiosa, como también lo son la existencia de reservas estatales de alimentos, que permitan regular las fluctuaciones de precios que puedan afectar negativamente a los consumidores o a los productores.
Más allá de lo anterior, se trata de que las políticas públicas sirvan de soporte a la producción. Para este fin se deberá avanzar en el objetivo de asegurar a los productores el acceso permanente y seguro a la tierra, dotándolos de la suficiente seguridad en la propiedad de la misma. No menos importante es el objetivo del uso racional del agua y la priorización de las inversiones necesaria para el desarrollo de la infraestructura de irrigación y los caminos de penetración.
Otra importante prioridad deberá estar puesta en la acción pública, destinada a dotar a los productores de los insumos necesarios en condiciones económicas favorables, así como en términos compatibles con la sostenibilidad ambiental. La investigación guiada hacia nuevas técnicas, dirigidas hacia la mayor eficiencia y sostenibilidad, también debe considerarse como prioridad, junto al desarrollo de una amplia red de asistencia técnica y extensión agrícola. Todo esto debe hacerse dentro de una estrategia que priorice una visión agroecológica de desarrollo.
A lo anterior se debe sumar una política que permita que los productores tengan acceso al crédito productivo en condiciones que eviten la usura, pudiendo contar, además, con los servicios del seguro agropecuario. También se deberá promover la formación del recurso humano, combinando el conocimiento tradicional con los modernos conocimientos de las ciencias agrícolas y la ecología. Especial interés tiene la capacitación gerencial que facilite el manejo eficiente de las explotaciones. También es importante la promoción de la organización de los productores, respetando siempre el principio de la voluntariedad, al tiempo que se institucionaliza un foro de diálogo permanente entre estos y las autoridades del sector.
Todo esto deberá acompañarse por una decisión de priorizar la inversión y el gasto social en las áreas rurales, lo cual deberá complementarse con un programa especial, destinado a la promoción de los micro y pequeños productores. Dado el posible impacto del cambio climático sobre nuestra seguridad y soberanía alimentaria, también se hace necesario el desarrollo de un programa especial destinado a enfrentar las tareas de mitigación.
La posibilidad de que una política como la aquí propuesta se materialice en la práctica precisa de la creación de un amplio frente nacional de defensa de la seguridad y soberanía alimentaría.
