Alimentación y desarrollo humano sostenible: los problemas
La alimentación suficiente, segura y estable, que opera en un medio en el que también se asegura el agua potable, la sanidad y la atención médica constituye un derecho humano fundamental. Este aparece claramente definido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, donde se establece que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación...". Sobre esta base en La Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, los representantes de 185 países y de la Comunidad Europea aprobaron la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, en la que se establece que "el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre".
Panamá, pese a las altas tasas de crecimiento observadas recientemente, se encuentra entre los países en los que el derecho a la alimentación todavía está por asegurarse a un número importante de ciudadanos y ciudadanas. De acuerdo con registros recientes de la FAO, el 8.0% de la población se encuentra en condiciones de desnutrición. Si se toma un indicador más estricto, en el que la ingesta de alimentos se vincula más estrictamente con las necesidades que conllevan las actividades del trabajo y del estudio, esta misma fuente establece que 17.0% de los panameños y panameñas sufren de una situación de inadecuación alimentaria.
A todo esto se debe añadir que la persistente inflación observada ha significado que entre el año 2003 y el momento actual ha habido un incremento de más del 70.0% en el índice de precios de los alimentos al consumidor urbano. Fenómeno este vinculado con la especulación de quienes explotan el comercio de los productos alimenticios, elemento que se expresa en el hecho de que el incremento de los precios al por menor de los alimentos superó, para el periodo bajo análisis, en más de 28 puntos porcentuales al incremento registrado en los precios agrícolas al por mayor. Sufre, entonces, el productor agropecuario que soporta el poder monopsonístico de los intermediarios (una persona que tiene el poder de compra), así como el consumidor que se afecta con el poder monopólico de los mismos. Los más impactados son, desde luego, los sectores sociales más vulnerables que gastan el 50.0% o más de sus ingresos en la compra de alimentos.
A los problemas de la inseguridad alimentaria se le suma el creciente deterioro de las condiciones materiales de la soberanía alimentaria. De acuerdo con las cifras disponibles, Panamá pasó de tener una balanza positiva en el comercio externo de productos agrícolas y de la industria alimentaria, que alcanzó a $300.5 millones en el 2006, a mostrar un saldo deficitario de $857.4 millones durante el 2011. Este efecto se generó por una caída del 48.2% en las exportaciones, acompañado de un incremento de 133.7% en las importaciones. Esto muestra el fracaso de la política neoliberal aperturista practicada por los sucesivos gobiernos que han expresado los intereses del capital comercial y financiero.
El futuro de la seguridad alimentaria sostenida en la soberanía alimentaría resulta, por decir lo menos, incierto. Esto se evidencia si se tiene en cuenta, en primer lugar, que el deterioro del sector agropecuario ha llevado a que en el 2012 su participación en el PIB fuera de apenas el 2.5%, pese a que empleó a cerca del 17.0% de la población ocupada. Más aún se trata de un sector en el que, de acuerdo al último censo, el 37.6% de las explotaciones carecen de propiedad sobre la tierra, mientras que solo el 2.3% y el 4.2% de las mismas tienen acceso al crédito y a la asistencia técnica, respectivamente. A esto se le suma el hecho de que solo el 21.6% de las explotaciones utiliza maquinaria, mientras que casi el 70.0% de los productores tiene un nivel de educación que en el mejor de los casos alcanza a la primaria. Pese a esto los sectores dominantes, por la vía de la implementación del TPC, están sometiendo a los productores nacionales a una competencia desigual con los productores norteamericanos, quienes en el 2011 mostraron un nivel de productividad 14 veces más alto que el panameño.
La búsqueda de la seguridad y soberanía alimentaria pasa, entonces, por una política soberana distinta a la actual. Esta solo es posible si se desplaza del poder a los sectores económicamente dominantes que en defensa de sus particulares intereses hoy avanzan hacia la destrucción del sector agropecuario.
