Alto al vandalismo en los colegios oficiales
La educación nacional como iniciativa para sacar de la ignorancia precoz y buscar la evolución del aprendizaje, está siendo vandalizada en los últimos tiempos por la creciente ola de violencia y criminalidad que ahora llega a los centros educativos primarios y secundarios.
Esto trae consecuencias funestas a los planteles educativos que ven cómo personas que no les importa con nada, dejan sin equipos, llámense computadoras, implementos deportivos, cajas registradoras, con pérdidas irreparables en lo económico, social, académico y moral.
Hoy es necesario adecuar las normas legales para tratar de frenar este mal que amenaza con dejar sin sustento académico a unos 500,000 estudiantes.
Por eso el diputado Manuel Cohen Salerno está proponiendo un anteproyecto de Ley que castigue hasta con 10 años de cárcel, a toda persona que sea sorprendida o acusada de robar en las escuelas públicas del país.
Es imperante la necesidad de castigar severamente a los delincuentes que roben en los centros de estudios a nivel nacional ya que en los últimos días se han registrado casos en que los facinerosos saquean los colegios llevándose computadoras y todos los enseres que encuentren, negándole el derecho a los hombres y mujeres del mañana a ser educados.
Las provincias de Panamá y Colón constituyen las regiones educativas con mayor índice de vandalismo en los centros escolares, tan solo el año pasado se registraron 65 ataques en las escuelas primarias, 16 en pre-media y 1 en la educación media, fuera de los que no se reportaron ante las autoridades.
Un bochornoso ejemplo fue la de la Escuela Normal de Santiago, ya que a pocos días de la entrega de su restauración fueron saqueadas y dañadas sus estructuras de la parte frontal, ocasionando grandes pérdidas de valor económico así como del invaluable valor histórico que representa por ser la cuna de los educadores.
Además de robar cables de electricidad dañan los murales, las bancas, las fuentes de agua, los maceteros y hasta llenan las tuberías y cañerías de arena, ¿quién se podría imaginar tanta maldad hacia nuestros centros de educación?
De nada vale la inversión que hace el estado de B/ 25 millones en la reparación de planteles, aunado a los millones adicionales que aportan el Banco Mundial y el BID, más lo que adicionalmente reciben las escuelas mediante la ley 13, si no se cuenta con una legislación que castigue con severidad el atentado contra la educación, por eso aplaudimos la ley del diputado Manuel Cohen que esperamos rinda frutos de forma inmediata.
Panamá necesita este tipo de castigo ejemplarizante para que no se afecte grandemente el desarrollo de la intelectualidad y competitividad de nuestro recurso humano.
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