Amenazas, sobrecostos y chantaje
El tema de la ampliación del Canal de Panamá se venía explorando mucho antes de que el gobierno del presidente Martín Torrijos decidiera llevar el proyecto a un referéndum, de tal suerte que tratándose de una megaobra de trascendencia mundial y por su significación en la conciencia histórica del ser nacional, tal decisión la debía tomar el pueblo, quien mayoritariamente votó por la construcción de la obra.
Dediqué varios artículos defendiendo la necesidad de la misma, basada en la eventualidad nada remota de que el Canal, si no acometía la obra, pudiera entrar en una especie de desfase y falta de competitividad, en tanto que su oferta de ruta comercial no se compaginaba con las inversiones que en materia de transporte se venían proyectando para dar cabida a enormes buques denominados postpanamax, que dado su tamaño, no podrían surcar nuestro Canal. Pero además de ello, el Canal ampliado le abría perspectivas de ingresos al Estado; a mi juicio, nunca antes conocidos por nuestro país.
Paralelo a la construcción de la obra, el mundo portuario, armadores, astilleros, puertos, navieros han venido destinando millonarias inversiones para adecuar sus infraestructuras de trasporte comercial marítimo, a fin de multiplicar el movimiento de sus cargas comerciales. Con justa razón, el comercio marítimo mundial ha dado un grito ante el anuncio del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que ha emplazado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), de que si no se le concede la cantidad de $1,600 millones, según ellos en virtud de sobrecostos, se verían en la necesidad de suspender los trabajos.
Como abogado reconozco, y en ello la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus admite que en los contratos de obras, imprevistos, como sobre incrementos de costos, pudieran dar lugar a una revisión del contrato. Pero por esa misma razón es que en tales contratos, cuando el contratista propone el precio de la obra, se entiende que están contempladas tales alzas.
El hecho de que el GUPC ignore tales procedimientos lo convierte en violador del contrato y en el evento que cumpla su amenaza, pudiera verse expuesto a demandas millonarias por la ACP o en su defecto, obligarlos a que cumplan con los términos del contrato.
La ACP ha actuado con mucha mesura, tolerancia y flexibilidad frente a los excesos y amenazas, pero que no confunda el grupo este ánimo de buen componedor de las autoridades con la clara disposición que tenemos los panameños, a cómo dé lugar, terminar la ampliación.
