Amenazas y paros
Los operadores del sistema de transporte metrobús han puesto sus condiciones para evitar medidas de presión que terminen en un paro de labores. Su inconformidad salarial ha quedado bien plasmada desde que se inició el nuevo sistema que le presta servicio a la ciudad capital. Sus demandas son como un balde de agua fría para la empresa concesionaria que intenta manejar la operación de este sistema, clave en el progreso de la ciudad capital. Cuando establecen como principal exigencia un salario mínimo de 800 dólares mensuales, los operadores, asesorados por reconocidos y polémicos sindicalistas, colocan un techo que la empresa no pretende aceptar por una razón estrictamente financiera. Los cálculos que han salido a relucir permiten medir la magnitud de este problema porque serían anualmente más de ocho millones de dólares que alguien deberá asumir.Lo primero que salta a la vista es que la empresa, como cualquier compañía privada, deberá recurrir a sus tarifas para enfrentar un ajuste de este nivel, sin embargo, también entra en la lista de posibilidades que el Gobierno asuma ese incremento a través del subsidio que ya ofrece. En ambas alternativas serían los usuarios las principales víctimas de un ajuste de salarios a los conductores de estos buses.
En la primera opción, los clientes del sistema deberán sacar más dinero de sus bolsillos para pagar el gasto del pasaje y eso sería un duro golpe a la economía. En las diferentes encuestas que miden la percepción de los panameños, sin lugar a dudas, el costo de vida encabeza su lista de prioridades, y si se toma la decisión de ajustar tarifas, sería atentar contra la economía de muchas familias.En el otro caso, el Estado se vería en la necesidad de asumir un problema entre una empresa privada y una organización sindical. La relación laboral entre la empresa concesionaria y sus trabajadores se debería manejar internamente, y el Ministerio de Trabajo solo tendría la misión de ser el mediador para evitar un conflicto.
Los subsidios salen directamente de las arcas del Estado y son aportes directos de los contribuyentes. Al destinar más dinero a subsidios, podrían afectarse otros programas y proyectos de interés social.Es importante dejar claro que los operadores tienen derecho a tener aspiraciones salariales con base en sus necesidades. Lo que no se puede admitir es que utilicen la paralización del servicio como un arma para lograr ese objetivo. La negociación debe prevalecer por encima de medidas de fuerza en las que las víctimas principales son los usuarios que deben levantarse desde muy temprano a buscar un transporte para ir a sus trabajos y vivir una odisea para regresar a sus casas. No se trata de generar una polémica por el tema del transporte, sino de buscar un punto intermedio en el que todos puedan salir ganando.Los conductores de buses del transporte público siempre vivieron en la informalidad, bajo el concepto de “palancas”, sin derecho a nada más que a su cuenta. Ahora el sistema cambió y en ese proceso de transformación existen conflictos que aparecerán.
