América Latina entra en la carrera armamentista
La carrera armamentista más importante de los últimos diez años se ha producido en la región de América Latina, donde se invierte cada año más dinero en armamento para los estamentos de seguridad que en la lucha contra la pobreza. Cerca de 60,000 millones de dólares se destinan a aprovisionar a las Fuerzas Armadas de distintos países, lo que, sumado a la venta ilegal de armas, aumenta la preocupación global por este problema.
En los últimos años, se han duplicado la cantidad de acuerdos entre países latinoamericanos y potencias extranjeras, en especial países del continente europeo, como Rusia, y Estados Unidos. Venezuela, en Sudamérica, es uno de los mayores importadores de armas. Alrededor del 18 por ciento del total de armas exportadas por Rusia, uno de los principales fabricantes de armas del mundo, fue a parar a este país.
Gracias a los acuerdos bilaterales que se han establecido con Rusia, Venezuela pasó de ser el país número cuarenta y seis en las importaciones de armas a ser el número quince. Muchos asocian este aumento en el gasto militar por parte de algunos gobiernos con el hecho de que la última década haya sido económicamente estable para muchos de estos países, ahora en crecimiento.
Sin embargo, igualmente aumentan a la par las denuncias de diversos colectivos e individuos para cambiar esta inversión por otras, y así poder garantizar derechos sociales como educación y salud para la población.
El ejemplo más reciente de hasta dónde llega esta nueva fiebre armamentística es Haití, en la región del Caribe. Tras la catástrofe (fuerte terremoto) de 2010, el presidente de esa nación hizo público su deseo de restituir, con ayuda de Washington, el Ejército de un país en el que miles de personas siguen todavía sin hogar y servicios básicos.
Por otra parte, y no menos alarmante, está el problema de la venta y posesión ilegal de armas. Según el Centro para la Información de Defensa (CID) con sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos, hay más de 80 millones de armas ilegales en América Latina.
Todos los datos muestran cómo el tráfico ilícito de armas está cada vez más estrechamente ligado al narcotráfico y al aumento de la violencia callejera en los países de la región. Sin ir más lejos, la tasa de homicidios de América Latina duplica el promedio del mundo, según el Banco Mundial (BM).
Algunos países, como Nicaragua, son importantes vías de entrada de muchas de las armas ilegales que llegan al continente. Al país centroamericano llegan grandes cantidades de armamento que más tarde se distribuye por el resto de países vecinos. A esto contribuye el hecho de que el país tiene inmensas lagunas legales que facilitan el tráfico.
También son cada vez más frecuentes los intercambios de droga por armas que los grandes carteles de la droga colombianos manejan a su antojo. Del mismo modo en que la cocaína sale de países como Colombia, Perú y Bolivia hacia Europa a través de Venezuela, Ecuador y Brasil, las armas recorren ese mismo camino a la inversa.
Además, gran cantidad del armamento del mercado negro procede de los propios miembros del Ejército o Policía, que roban y venden unas armas que mano tras mano acaban en muchas ocasiones en manos de narcotraficantes o miembros de organizaciones paramilitares.
El comercio mundial de armas, aunque controlado, contribuye al aumento en número y gravedad de los conflictos armados, la violencia callejera y la corrupción en los países que participan de ello. Las iniciativas por parte de grandes organizaciones a escala global, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han hecho poco o nada por conseguir una regulación eficaz para solventar un problema de inmensa gravedad y consecuencias, en especial en esta región del mundo, en la que muchos de esos recursos deberían ir destinados a una mejora o afianzamiento de las condiciones de vidas de las personas. ccs@solidarios.org.es
