Anteojeras
Con la visión estrecha de anteojeras inquisitoriales, la Comisión de Justicia y Paz incurrió en la arbitrariedad de sancionar a este diario por información veraz procedente del sistema judicial del Código de Familia sobre el diputado José I. Blandón. Pero el dislate no se limitó a la publicación, sino que no le permitió a los representantes legales del Panamá América exponer su posición, ni se les notificó sobre la denuncia del diputado, impidiendo formular descargos como establece el debido proceso. Estos procedimientos de tipo inquisitorial descalifican a la comisión, por lo demás, ya descalificada ante la opinión pública por sus silencios acerca de hechos políticos tipificados como punibles por el ordenamiento penal. La intromisión de la comisión sobre los contenidos de un medio de comunicación constituye una grave lesión a la libertad de prensa consagrada por la Constitución del Estado. Carece por completo de facultades para manifestar qué está bien o qué está mal en materia informativa, representando una injerencia inadmisible, susceptible a una demanda formal ante autoridades judiciales competentes.
Si la Comisión de Justicia y Paz, creada por un pacto de algunos partidos políticos, se cree con autoridad para sancionar contenidos periodísticos, es procedente preguntarle por qué no sancionó publicaciones de otros medios impresos y canales de televisión basados en aspectos personales de funcionarios, algunos de los cuales representan figuras de injuria y calumnia. Pero cierra los ojos y calla ante los insultos cotidianos que se desaguan contra el Gobierno, contraviniendo principios básicos de la ética más elemental. Ante esta ceguera marcadamente parcializada, la comisión más parece una sucursal de la oposición.
Concebida como promotora y vigilante de la ética electoral, no ha dicho una sola palabra ante las amenazas preelectorales de Roberto Velásquez contra José Luis Fábrega, del PRD, el constante intercambio de ataques de disidentes del Molirena contra la directiva del partido.
Es lamentable que se tome el nombre de autoridades religiosas para invadir el campo de la libertad informativa en nombre de una ética cada vez más gelatinosa. En Panamá no existe ni podría aceptarse la censura de prensa, mucho menos de tono dogmático inquisitorial, con pretensiones seudojudiciales que escapan a su ámbito. Panamá América se limitó a transcribir información del expediente, sin emitir juicio de valor, sobre reclamaciones de pensión alimenticia recaídas en un político de actuación pública, una información balanceada con declaraciones del diputado y su representante legal en el caso, como exigen las reglas de equidad informativa, irrespetada por medios conocidos por esa línea.
La opinión pública toma nota de los procedimientos inconstitucionales de los miembros de un ente cada vez más alejado del origen de su creación de tipo partidista. La aplicación de valores fundamentales como ética, justicia, paz, no puede usarse en forma discrecional, transgrediendo los principios constitucionales que sustentan la libertad de prensa y la de expresión, menos cuando no se tiene competencia para hacerlo. Queda flotando una amenaza contra la libertad de prensa. Si no se frenan a tiempo estas extralimitaciones de competencia, regresaremos a pasadas épocas de oscurantismo que siempre ha repudiado el pueblo panameño.
