Aquí no pasa nada…
En este país, por años, no ha pasado nada.
Nos disponemos a vivir un escándalo tras otro, pero a pesar de los titulares y fuertes declaraciones las cosas parecen arreglarse de otra forma.
Hay casos, muchos de ellos, de blanqueo de capitales o tráfico de drogas, que al llegar a juicio salen a relucir investigaciones débiles del Ministerio Público que impiden demostrar la acusación ante el juez, y por ende el imputado, aunque haya cometido un delito, no se pudo comprobar en el juicio y queda sobreseído. Situación que podría prestarse para especulaciones de pagos a los jueces por los fallos, no obstante ocurre que los fiscales no logran sostener sus acusaciones.
En otras ocasiones, los imputados reciben condenas, éstas son apeladas y al elevarse a instancias superiores conocemos de fallos que contradicen los primeros. Todo esto aparenta estar en pleno derecho, ¿quién puede cuestionar un fallo? ¿Podríamos suponer que estas contradicciones obedecen a otros intereses? Habría que comprobarlo, no obstante surgen varias incógnitas a partir de estas actuaciones: ¿Cuántos casos de blanqueo de capitales de alto perfil recuerda usted cuyos imputados estén condenados? ¿Cuántos funcionarios de jerarquía están presos por corrupción? Si su respuesta es ninguno, esto es un síntoma de lo anterior.
Falta coraje para aplicar la ley, hay cobardía y oscurantismo en un sitio donde lo que debería prevalecer es la transparencia y las buenas prácticas.
Escuchar que supuestamente quienes deben imponer la ley sustraen información del expediente para favorecer al presidente, es una muestra de la ingerencia y pago de favores que prima al momento de efectuar nombramientos de alta jerarquía. Inmunidad compartida.
Condiciones similares se repiten en otros órganos del Estado: La Asamblea por ejemplo, queda sumisa ante el Ejecutivo en las condiciones actuales. Para lograr una independencia genuina se debería requerir tres cuartas partes de los votos en decisiones trascendentales, no la mayoría mas uno.
Mejorar la separación de poderes es fundamental para lograr un equilibrio democrático. El sistema presidencialista actual lo impide. Mientras el presupuesto del Órgano Judicial dependa del Ejecutivo se limitará su autonomía. Los puestos de jueces y magistrados deben basarse en méritos y competencias que permitan una elección convincente, no de a dedo.
En cualquier país serio la Procuraduría hubiera iniciado una investigación de oficio por las publicaciones recientes, pero aquí sigue todo igual, no pasa nada.
